La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación disciplinaria contra funcionarios por determinar de Ecopetrol, tras revelarse posibles irregularidades en un contrato de consultoría con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. El contrato, inicialmente aprobado por 875.000 dólares, fue ampliado a 5,8 millones de dólares mediante un «otrosí» presuntamente firmado sin autorización de la junta directiva.
Según informes, el contrato tenía como objetivo evaluar el impacto reputacional de las investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Sin embargo, se habría utilizado para interceptar comunicaciones internas de al menos 70 funcionarios, incluyendo miembros de la junta directiva.
La Procuraduría ha ordenado una inspección disciplinaria en las instalaciones de Ecopetrol para recaudar pruebas, incluyendo copias del contrato, sus modificaciones y documentos relacionados. También se investigará la actuación de Alberto José Vergara, director corporativo de cumplimiento, quien habría firmado el «otrosí» sin la debida autorización.
La junta directiva de Ecopetrol ha declarado que no autorizó la ampliación del contrato y que el presidente Ricardo Roa no estuvo involucrado en el proceso.
Este escándalo se suma a las investigaciones en curso sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que Roa fue gerente. La situación ha generado una crisis interna en Ecopetrol y pone en duda la continuidad de Roa al frente de la empresa.
