Procurador Eljach: «La consulta popular fue negada formalmente por el Senado» y llama a respetar el fallo judicial

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En medio de la creciente tensión institucional en Colombia, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, afirmó que la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro fue «negada formalmente» por el Senado de la República. Durante su intervención en la 59ª Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena, Eljach enfatizó que no existe discusión jurídica al respecto y que cualquier decisión futura debe ser tomada por el Consejo de Estado.

«Se negó formalmente y así está establecido; no cabe discusión jurídica alguna sobre la posibilidad en la solicitud del señor presidente que el Senado diera un concepto favorable. No lo dio, no existe», declaró Eljach, subrayando la importancia de respetar las decisiones del Congreso y de las cortes.

El pronunciamiento del procurador se produce en respuesta a las afirmaciones del Gobierno, que sostiene que la votación en el Senado estuvo viciada y que, por tanto, el presidente tiene la facultad de convocar la consulta popular mediante decreto. Eljach, sin embargo, recordó que «está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado» y pidió que se les permita trabajar con tranquilidad y sin presiones.

Además, el procurador advirtió que cualquier servidor público que se aparte de los lineamientos constitucionales deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes. «Servidor público o particular que sea sujeto del poder disciplinario del Ministerio Público y que se salga de los carriles que señala la Constitución y la ley, ha de vérselas con la Procuraduría General», afirmó Eljach, reiterando su compromiso con la defensa del orden constitucional.

El pronunciamiento de Eljach se suma a las críticas de diversos sectores políticos y sociales que han cuestionado la legalidad de convocar una consulta popular por decreto, especialmente después de que el Senado rechazara la propuesta con 49 votos en contra y 47 a favor.

Mientras tanto, el país espera el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la legalidad del decreto presidencial, en un contexto de creciente polarización y debate sobre la separación de poderes y el respeto a las instituciones democráticas.

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