El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que enviará una misión internacional acompañada de una veeduría de derechos humanos a Medellín para verificar los hechos ocurridos durante las recientes manifestaciones en la ciudad. Esta acción se da en contexto de enfrentamientos y denuncias por agresiones y restricciones al derecho a la protesta.
Petro afirmó que en Medellín se respetará la Constitución y advirtió que se investigarán penalmente los casos donde se vulnere el derecho a la reunión pacífica. En declaraciones oficiales, el mandatario señaló: “La misión internacional y la veeduría de derechos humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos. En Medellín se aplica la ley y la Constitución. El derecho a reunión se respeta, y si hay una parapolicía rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente”.
Estas declaraciones surgieron tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en los cuales varios ciudadanos denunciaron actos de violencia y limitaciones para ejercer su derecho a protestar en la ciudad.
En respuesta, el alcalde de Medellín emitió un mensaje contundente en sus redes sociales, acusando al presidente Petro de fomentar la división y reafirmó que la ciudad continuará resistiendo. “Medellín no caerá en tus garras. Medellín seguirá resistiendo. Cada vez serán más ciudades las que se levanten ya cansadas de tus mentiras e insultos”, afirmó el mandatario local.
El alcalde también rechazó las acusaciones y defendió la gestión de su administración respecto a los derechos humanos: “Yo jamás he violado ni violaré los derechos humanos de nadie, en su lugar, los garantizo”. Destacó además la diferencia entre su liderazgo y el acusado del presidente Petro, indicando que nunca ha estado vinculado con grupos criminales.
La confrontación verbal entre el presidente y el alcalde refleja la tensión política en torno a las protestas sociales en Medellín, un foco de atención nacional debido a las denuncias de violencia y la respuesta institucional. La misión internacional y la veeduría anunciadas buscarán esclarecer los hechos y garantizar que se respeten los derechos fundamentales en la ciudad durante las movilizaciones.
