La participación del cardenal peruano Juan Luis Cipriani en las actividades previas al cónclave del 7 de mayo ha generado una fuerte polémica en el Vaticano. Organizaciones de defensa de víctimas de abuso sexual han solicitado su exclusión, recordando que el papa Francisco le impuso sanciones en 2019 tras una denuncia de abuso sexual.
Cipriani, de 81 años y arzobispo emérito de Lima, fue acusado en 2018 de abusar sexualmente de un menor en 1983. Aunque no se llevó a cabo un proceso canónico formal, el papa Francisco le prohibió usar símbolos cardenalicios, hacer vida pública y participar en cónclaves futuros. Estas medidas fueron aceptadas por Cipriani en su momento.
Sin embargo, su presencia en Roma, portando vestimentas cardenalicias y participando en reuniones oficiales, ha sido vista como una desobediencia a las sanciones papales. La organización estadounidense Bishop Accountability expresó que su participación «reaviva la inquietante idea de que la Iglesia es más segura para el clero acusado que para los niños».
El Vaticano ha reconocido que la presencia de Cipriani ha generado escándalo, pero no ha aclarado si tomará medidas adicionales. El portavoz Matteo Bruni confirmó que las sanciones impuestas en 2019 siguen vigentes, aunque no especificó si su participación actual viola dichas restricciones.
Este caso se suma a otras controversias recientes en el Vaticano, como la del cardenal Angelo Becciu, quien fue excluido del cónclave por orden del papa Francisco debido a un escándalo financiero. La situación de Cipriani plantea interrogantes sobre la coherencia de la Iglesia en su lucha contra los abusos sexuales y la transparencia en sus procesos disciplinarios.
A medida que se acerca la elección del nuevo pontífice, la Iglesia Católica enfrenta el desafío de demostrar su compromiso con la protección de las víctimas y la integridad de sus líderes. La decisión sobre la participación de Cipriani en el cónclave será un indicador clave de su postura al respecto.
