En pleno escenario internacional, el presidente Gustavo Petro ha elevado la tensión política en Colombia al solicitar explicaciones públicas y judiciales a la vicepresidenta Francia Márquez, tras su aparición en audios filtrados del excanciller Álvaro Leyva, donde se alude a un supuesto plan para derrocarlo. Desde Sevilla, donde participa en la Conferencia de la ONU sobre Financiamiento al Desarrollo, el mandatario calificó la trama desvelada como una “conspiración con la extrema derecha y el narcotráfico” con el propósito de destituirlo e instalar a Márquez en la Casa de Nariño.
En las grabaciones reveladas por El País, Leyva, de 82 años y exaliado de Petro, menciona a Márquez como parte del supuesto esquema para sustituir al presidente en menos de 20 días, aprovechando contactos con figuras republicanas en Estados Unidos, incluidos Mario Díaz‑Balart y Marco Rubio. Aunque la vicepresidenta rechazó categóricamente cualquier implicación, asegurando que no se presta a conspiraciones y que mantiene una lealtad inquebrantable al orden constitucional, Petro insistió en que tanto ella como todos los mencionados deben rendir cuentas también ante la justicia.
La filtración de los audios ha generado una oleada de repudio político transversal. El gobierno y varios sectores han cuestionado el comportamiento de Leyva: califican su acción como un «atentado contra la democracia» y han pedido al mismo tiempo esclarecer posibles vínculos ilícitos con agentes externos y actores internos. La ministra Laura Sarabia lo calificó de “ruin y miserable”, mientras el ministro Antonio Sanguino lo tildó de “traición a la patria”.
Por su parte, sectores de oposición también exigen transparencia. En aquel escenario, la concejal Heidy Sánchez afirmó que, de confirmarse su implicación, Márquez debería apartarse del cargo, mientras figuras como Alfredo Mondragón y Juan José Lafaurie reclamaron pronunciamientos adicionales y posibles renuncias.
