El presidente Gustavo Petro firmó este miércoles el decreto que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de que el Senado de la República negó dicha iniciativa el pasado 14 de mayo con 49 votos en contra. La decisión del jefe de Estado ha generado una nueva ola de controversia jurídica y política, pues con este acto el mandatario estaría desconociendo una decisión del Congreso, lo que varios sectores han calificado como un choque institucional.
El propio presidente hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X, donde escribió: “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo, para que exprese su orden constituyente, son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la consulta popular a la Corte Constitucional”.
Con esta declaración, Petro condicionó la revocatoria del decreto a que el Congreso legisle de forma afirmativa sobre los puntos incluidos en la consulta. En caso de no hacerlo, la consulta se llevaría a cabo como un mecanismo para que la ciudadanía se pronuncie directamente. El contenido del decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión.
La convocatoria, sin embargo, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de juristas, políticos de oposición y expertos constitucionalistas, quienes advierten que el presidente estaría violando el artículo 378 de la Constitución, que establece la necesidad de un concepto previo del Senado para avanzar con este tipo de mecanismos. Entre ellos, el exmagistrado Antonio José Lizarazo afirmó que el decreto podría ser declarado inconstitucional, al desconocer una decisión expresa del Congreso y usurpar competencias del legislativo.
Al mismo tiempo, partidos políticos de oposición anunciaron acciones judiciales ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, argumentando que el Ejecutivo ha excedido sus facultades y está generando un grave precedente de desinstitucionalización. La senadora Angélica Lozano, por ejemplo, calificó la medida como “un chantaje presidencial inaceptable” y acusó al Gobierno de intentar imponer sus reformas por fuera de los canales legales.
En contraste, sectores afines al Gobierno han defendido la decisión, asegurando que se trata de un ejercicio legítimo de participación ciudadana y que el Senado incurrió en un “silencio administrativo” al no emitir un concepto claro dentro de los tiempos establecidos. Desde el oficialismo también se ha argumentado que el decreto no representa un rompimiento del orden constitucional, sino una respuesta ante lo que consideran un bloqueo injustificado a reformas fundamentales.
La Corte Constitucional deberá ahora pronunciarse sobre la validez del decreto y determinar si el Ejecutivo incurrió en alguna irregularidad al firmarlo sin el aval previo del Senado. Mientras tanto, la Registraduría Nacional se encuentra a la espera del pronunciamiento judicial para definir si procede con la organización logística de la consulta.
La fecha tentativa para la realización de la consulta sería el 7 de agosto, día en que se conmemora un año más del inicio del mandato presidencial de Petro. No obstante, esa convocatoria solo se haría efectiva si el Congreso no aprueba los puntos incluidos en el cuestionario antes del cierre del actual periodo legislativo, previsto para el 20 de junio.
El país enfrenta ahora una compleja coyuntura institucional en la que se miden fuerzas el Ejecutivo y el Legislativo, con una reforma laboral en el centro del debate y una consulta popular que podría redefinir el rumbo de la agenda política del Gobierno.
