En una decisión sin precedentes en la historia reciente de Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció que firmará un decreto para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral, a pesar de que el Senado rechazó esta iniciativa el pasado 14 de mayo con 49 votos en contra y 47 a favor .
Durante una alocución presidencial televisada el martes 3 de junio, Petro argumentó que el Congreso «guardó silencio» frente a la propuesta, ya que, según él, no se emitió un pronunciamiento antes del 1 de junio, plazo establecido por la ley para completar su trámite en el Legislativo .
«Voy a decretar la consulta. La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria de consulta popular que haré esta semana. Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí», indicó el mandatario.
Petro insistió en que decretará la consulta debido a que «jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República» y acusó a la Cámara Alta de «hacer trampa» .
El presidente también hizo un llamado a la Corte Constitucional para que restablezca el principio del Estado Social de Derecho y la soberanía popular, afirmando que «el único dueño del poder en Colombia es el pueblo y nadie puede acribillar al pueblo».
Durante su intervención, Petro aseguró que se silenciará durante la eventual campaña que tenga la consulta popular, dejando que los comités por el «Sí» y el «No» sean los que hagan las campañas. «El comité del no tiene mucho apoyo poderoso económico. El comité del sí tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo», señaló.
La decisión del presidente ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y jurídico. Ocho partidos políticos —Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y el Partido ASI— emitieron un comunicado conjunto rechazando la convocatoria de la consulta por decreto, calificándola como un «golpe de Estado» y una violación a la Constitución .
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que si el presidente firma este decreto, será demandado inmediatamente, y que se enviará una certificación a la Registraduría confirmando que la plenaria del Senado negó la realización de la consulta popular.
El exregistrador nacional y director del Partido de la U, Alexander Vega, calificó la iniciativa presidencial como «abiertamente inconstitucional» y subrayó que la Constitución exige el cumplimiento de requisitos legales, entre ellos el concepto favorable del Senado, para poder convocar una consulta popular.
El exsenador Humberto de la Calle también se pronunció, afirmando que «una consulta sin respaldo del Congreso es un golpe de Estado» y que la determinación sobre la legalidad de la votación en el Senado corresponde al Consejo de Estado, no al Gobierno.
El decreto de la consulta popular anunciado por Petro deberá contener al menos ocho artículos, incluyendo la fecha en la que se hará la votación y las 12 preguntas de la consulta original, que se centran en la reforma laboral.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, especuló que la consulta popular podría votarse a finales de julio o principios de agosto.
La Corte Constitucional tendrá la tarea de evaluar la legalidad del decreto presidencial y determinar si la convocatoria de la consulta popular por esta vía es conforme a la Constitución.
