El presidente Gustavo Petro se pronunció recientemente frente al avance del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), justo después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos de sus antiguos altos funcionarios: el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En sus declaraciones, el mandatario tomó distancia de los hechos delictivos directos, argumentando que las estructuras de corrupción dentro de la entidad no nacieron en su gobierno, sino que son problemas sistémicos heredados de administraciones pasadas.
Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que la corrupción en la UNGRD es un fenómeno estructural que ha operado durante años sin ser investigado a fondo en épocas políticas anteriores. Según la tesis del presidente, el exdirector de la entidad, Olmedo López —principal testigo y procesado en el caso—, no creó la red de corrupción, sino que instrumentalizó «mafias internas» que ya estaban instaladas en la institución. Petro enfatizó que los dineros públicos se han desviado históricamente por billones de pesos, intentando así desmarcar a su proyecto político de la autoría intelectual del desfalco.
Respecto a la situación jurídica de sus exministros, el mandatario evitó emitir un juicio condenatorio o absolutorio definitivo, señalando que «no es su labor» determinar quién es corrupto, delegando esa responsabilidad exclusivamente en jueces y fiscales. Sin embargo, calificó al exministro Ricardo Bonilla como una persona «ingenua» que, pese a su sólida formación académica en economía, terminó involucrada en dinámicas de extorsión política que el mismo presidente afirma haber advertido previamente. Esta postura ha sido interpretada por diversos sectores como una forma de eludir la responsabilidad política sobre los nombramientos de su gabinete.
El escándalo, que tuvo su origen en la compra con sobrecostos de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, ha escalado hasta comprometer la gobernabilidad del actual mandato. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación apuntan a que los fondos de la UNGRD no solo se malversaron en contratos irregulares, sino que habrían sido utilizados para pagar sobornos a congresistas con el fin de asegurar la aprobación de las reformas sociales del gobierno en el legislativo.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión a Bonilla y Velasco marca un hito en el proceso judicial, al considerar que existe un riesgo de obstrucción a la justicia y de continuidad en la actividad delictiva dada su influencia política. Los magistrados desestimaron la petición de detención domiciliaria, argumentando que la gravedad de los delitos imputados —entre ellos concierto para delinquir y cohecho— requiere la medida privativa de la libertad en un centro de reclusión.
Este nuevo capítulo del caso UNGRD pone a prueba la narrativa de «lucha contra la corrupción» que impulsó la llegada de Gustavo Petro al poder. Mientras el proceso judicial avanza con las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, el gobierno intenta blindarse políticamente insistiendo en que los funcionarios involucrados traicionaron la confianza del ejecutivo o fueron víctimas de un sistema corrupto preexistente que el Estado no ha logrado desmantelar.
