La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia anunció que radicará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que el mandatario no cumplió con la orden judicial que le exigía rectificar y ofrecer disculpas públicas por acusaciones que afectaron su buen nombre. La decisión se produce tras revisar el mensaje publicado por Petro en el que, según Valencia, el jefe de Estado habría reiterado insinuaciones falsas en su contra.
El caso se originó luego de que un juzgado de Bogotá fallara a favor de la congresista al determinar que el presidente debía rectificar afirmaciones en las que la señalaba de supuesta responsabilidad en crímenes de Estado, incluida la cifra de 6.402 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El fallo ordenaba una rectificación clara, sin condicionamientos ni nuevas imputaciones, además de la presentación de excusas públicas.
Según Valencia, el mensaje difundido por Petro no solo incumplió esas condiciones, sino que incorporó nuevos señalamientos que, a su juicio, profundizan el daño a su honra. La precandidata aseguró que el mandatario insinuó nuevamente que ella guardó silencio frente a hechos ocurridos antes de su llegada al Congreso en 2014, imputándole responsabilidades que —según recalca— no le corresponden.
La congresista también afirmó que el presidente no dejó explícito que sus críticas no tenían relación penal alguna con los hechos mencionados, como lo exigía el fallo. Asimismo, sostuvo que Petro evitó pedir disculpas públicas y no publicó la rectificación ordenada en las cuentas oficiales de la Presidencia ni del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Valencia aseguró que el lunes solicitará formalmente al juzgado la apertura del incidente de desacato, con el propósito de que se garantice la plena ejecución de la orden judicial y la protección efectiva de sus derechos fundamentales. Recalcó que continuará utilizando los mecanismos legales para enfrentar lo que califica como imputaciones falsas y dañinas.
La precandidata insistió en que, le incomode o no al mandatario, debe acatar los fallos judiciales. Recordó que ni Petro ni su Gobierno están por encima de la Constitución y que la desobediencia de una orden judicial afecta la institucionalidad democrática.
