La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, encendió el debate político nacional tras afirmar categóricamente que si Colombia no ha replicado el modelo político y económico de Venezuela, no ha sido por falta de voluntad del presidente Gustavo Petro, sino por la solidez de los contrapesos institucionales. En declaraciones recientes a medios radiales, la congresista aseguró que el Legislativo y las altas cortes han funcionado como un muro de contención ante las reformas y decretos que, a su juicio, amenazaban la estabilidad democrática del país.
Durante una entrevista con la cadena La FM, Valencia sostuvo que el actual mandatario ha intentado impulsar medidas que afectarían gravemente la institucionalidad, pero estas pretensiones han sido neutralizadas mediante la actuación oportuna del Congreso. Según la legisladora, su partido ha liderado una estrategia de control político y jurídico para bloquear iniciativas que consideran perjudiciales, destacando que el país ha logrado «parar» al Ejecutivo gracias a que el legislativo entendió la magnitud de los desafíos que enfrentaba la nación.
Uno de los puntos centrales de su argumentación fue la demanda interpuesta contra la creación del Ministerio de la Igualdad. Valencia explicó que desde la oposición se atacó esta iniciativa al considerar que implicaba un aumento injustificado de la burocracia estatal, con un costo estimado superior al billón de pesos, recursos que, según su visión, no se traducían en bienestar social efectivo. Esta acción judicial es presentada por la senadora como un ejemplo de cómo los mecanismos legales han servido para fiscalizar el gasto y las decisiones administrativas del Gobierno.
La congresista también hizo referencia a la vigilancia ejercida sobre los nombramientos diplomáticos y las designaciones en entidades del Estado, señalando que se han cuestionado aquellos casos donde los funcionarios no cumplían con los requisitos técnicos o legales. Asimismo, mencionó que se han interpuesto recursos ante la Corte Constitucional contra varios decretos presidenciales, argumentando que en el ámbito económico no existían las condiciones fácticas para declarar estados de emergencia que otorgaran poderes extraordinarios al presidente.
Finalmente, Paloma Valencia lanzó una advertencia sobre el futuro institucional del país, sugiriendo que la democracia podría estar en riesgo si se permite una acumulación excesiva de poder en un eventual escenario de continuidad política. La senadora expresó su preocupación por la posible cooptación de organismos claves como el Banco de la República, la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación, indicando que un control absoluto sobre estas entidades replicaría el proceso vivido en Venezuela, donde la concentración de poder derivó en el debilitamiento definitivo de la democracia.
