Durante el reciente debate de control político citado en el Congreso de la República, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia expuso graves irregularidades relacionadas con el manejo del orden público y la inteligencia estatal bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. La congresista centró su intervención en las inconsistencias operativas frente al caso de alias Calarcá y cuestionó severamente la idoneidad de los funcionarios encargados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalando que la seguridad nacional estaría comprometida por decisiones administrativas cuestionables y la desestimación de alertas internacionales.
La senadora Valencia reveló detalles preocupantes sobre la inacción judicial tras operativos militares en Anorí, donde la Fuerza Pública incautó computadores pertenecientes a alias Calarcá. Según la denuncia, dichos dispositivos permanecieron bajo custodia durante dieciséis meses sin que la Fiscalía General de la Nación realizara las actuaciones pertinentes, lo que habría frenado investigaciones clave. Además, criticó la resolución gubernamental que faculta el nombramiento de criminales como gestores de paz, mecanismo que, según sus declaraciones, fue determinante para la liberación del mencionado cabecilla, generando un escenario de impunidad.
Uno de los puntos más álgidos de la intervención fue el cuestionamiento directo a la estructura de la inteligencia nacional. Valencia denunció el ascenso de un funcionario con formación en licenciatura de educación física a cargos de alta sensibilidad como inspector y director de inteligencia. La congresista aseguró que este funcionario sería el responsable de suministrar información errónea al presidente Petro sobre el caso «Huertas», priorizando estos reportes sobre las advertencias entregadas por agencias de inteligencia internacionales y alertas que ya existían desde el gobierno anterior, las cuales señalaban a dicho individuo como un traidor.
En el marco de la discusión sobre la política de Paz Total, la senadora cuestionó la ausencia del senador Iván Cepeda durante la primera parte del debate, señalando que el congresista suele retirarse cuando se discuten las problemáticas derivadas de los acercamientos con grupos armados. Valencia instó a Cepeda a responder ante los padres de familia por los acuerdos que involucran la utilización de menores mayores de 15 años en el conflicto armado, haciendo referencia a documentos que formarían parte de las mesas de negociación con el ELN.
Finalmente, la congresista enfatizó que sus denuncias no constituyen un ataque contra la Fuerza Pública, hacia la cual expresó gratitud y admiración, sino un llamado de atención sobre la responsabilidad política del Gobierno Nacional. Valencia concluyó alertando que el Ejecutivo parece no reaccionar ante las investigaciones de la prensa y prefiere dudar de la evidencia técnica recuperada en operativos, mientras el país termina enterándose de los planes criminales y atentados únicamente cuando estos ya han sido ejecutados, evidenciando una falla estructural en la capacidad de anticipación del Estado.
