El movimiento político Pacto Histórico desestimó las denuncias del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre presuntas interceptaciones ilegales a su campaña, en medio de una creciente controversia política en el país.
Las declaraciones se producen luego de que De la Espriella solicitara a la Fiscalía y a otros organismos de control investigar lo que considera posibles “chuzadas” por parte del Gobierno, tras un mensaje del presidente Gustavo Petro en el que mencionó la existencia de supuestas conversaciones que involucrarían al candidato con empresarios.
Desde el Pacto Histórico, voceros rechazaron estas acusaciones y señalaron que no existen pruebas que sustenten la denuncia, calificándola como una estrategia política en el marco de la campaña presidencial de 2026. Según el movimiento, las afirmaciones buscan generar desconfianza en las instituciones y desviar la atención del debate electoral.
El pronunciamiento también defendió la actuación del Gobierno, asegurando que cualquier información mencionada por el presidente corresponde a labores legítimas de inteligencia dentro del marco legal, y no a interceptaciones ilegales dirigidas contra opositores.
La polémica se originó luego de que Petro hiciera referencia a un supuesto informe de inteligencia que incluiría conversaciones relacionadas con intereses empresariales y el modelo de contratación estatal. A partir de ese mensaje, la campaña de De la Espriella interpretó que el Ejecutivo podría estar accediendo a comunicaciones privadas del candidato, lo que encendió las alarmas en sectores políticos.
En respuesta, De la Espriella negó cualquier vínculo con los empresarios mencionados y retó públicamente al presidente a presentar pruebas de las afirmaciones. Además, insistió en que se deben adelantar investigaciones para esclarecer si hubo vulneraciones a la privacidad en plena contienda electoral.
El cruce de acusaciones se da en un contexto de alta tensión política previo a las elecciones presidenciales de 2026, donde los señalamientos sobre el uso de inteligencia estatal, la transparencia institucional y las garantías para los candidatos se han convertido en temas centrales del debate público.
