En una muestra de unidad poco común en la política colombiana, ocho partidos políticos han emitido un comunicado conjunto rechazando la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto presidencial. La medida, que busca llevar a las urnas la propuesta de reforma laboral del Gobierno, ha sido calificada por las colectividades como un «golpe de Estado» y una violación a la Constitución.
Los partidos firmantes del comunicado son: Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y el Partido ASI. La declaración conjunta solicita la intervención de las instituciones competentes, incluyendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales, para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad y conforme a la Constitución.
El presidente Petro anunció la noche del martes 3 de junio su intención de convocar la consulta popular por decreto, argumentando que el Senado actuó de manera fraudulenta al negar el aval para dicho mecanismo de participación ciudadana. «Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa», afirmó el mandatario durante una alocución presidencial televisada.
La propuesta de consulta popular, que incluye preguntas sobre la reforma laboral y el sistema de salud, fue rechazada por el Senado el pasado 14 de mayo con 49 votos en contra y 47 a favor. El Gobierno ha denunciado irregularidades en la votación y ha anunciado su intención de llevar el decreto ante la Corte Constitucional para su revisión.
El Consejo Gremial Nacional también expresó su rechazo a la medida, calificándola como una «grave vulneración al orden legal» y una ruptura del equilibrio de poderes establecido en la Constitución. «El Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República», señaló la agremiación en un comunicado oficial.
La decisión del presidente Petro ha generado una fuerte reacción política y ha intensificado las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los partidos de oposición han instado al registrador nacional, Hernán Penagos, a verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales antes de tomar cualquier decisión respecto a la consulta popular.
La situación actual plantea un desafío significativo para la institucionalidad colombiana y ha generado preocupación sobre la estabilidad democrática del país. La Corte Constitucional deberá evaluar la legalidad del decreto presidencial y determinar si la convocatoria de la consulta popular por esta vía es conforme a la Constitución.
