El Gobierno Nacional introdujo recientemente un nuevo gravamen excepcional dirigido a las empresas colombianas, que ha encendido alertas en el sector productivo por su potencial efecto sobre la carga fiscal y el clima de inversión en el país, según reportes especializados en economía y tributos.
La medida fue establecida mediante el Decreto 0173 de 2026, dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Ejecutivo para obtener recursos adicionales ante la presión fiscal derivada de fenómenos climáticos y otros compromisos presupuestales. Este impuesto excepcional grava el patrimonio neto de personas jurídicas y sociedades de hecho con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT (aproximadamente unos $10,4 mil millones de pesos) y contempla tarifas diferenciadas, desde un 0,5 % general hasta un 1,6 % para entidades de sectores financiero y extractivo.
Expertos y gremios empresariales han advertido que el nuevo tributo implicaría un aumento de la tasa efectiva de tributación empresarial desde cerca del 29,8 % al 35,5 %, equivalente a casi 6 puntos porcentuales adicionales, lo que podría desincentivar la inversión, aumentar el costo de capital y afectar la confianza de los sectores productivos para la expansión de operaciones en el mediano plazo.
La incertidumbre también radica en las obligaciones operativas para medir, declarar y pagar el tributo en plazos ajustados, como el requerimiento de “tomar una foto” de los estados financieros al 1 de marzo de 2026 para definir la base gravable, proceso que muchas empresas no habían previsto con antelación, según gremios y analistas.
El impuesto, cuya recaudación potencial ha sido estimada por analistas en hasta $13,4 billones, muy por encima de la proyección inicial del Gobierno de alrededor de $8 billones, se destinaría a financiar gastos asociados a la emergencia.
Sectores como el financiero y extractivo han expresado inquietudes específicas, ya que algunas entidades ya enfrentan cargas tributarias elevadas y este tributo podría agravar la presión fiscal, con implicaciones en empleo, competitividad y decisiones de inversión extranjera directa.
El debate en torno al nuevo impuesto empresarial se desarrolla en un contexto en el que el país enfrenta desafíos fiscales significativos, lo que ha llevado al Ejecutivo a recurrir a instrumentos extraordinarios para buscar recursos, aunque ello genera tensiones con sectores económicos que piden seguridad jurídica y políticas tributarias más previsibles para favorecer el crecimiento y la formalización de negocios.
