Cientos de ciudadanos se reunieron este sábado 5 de julio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, para expresar su rechazo al polémico acto del presidente Gustavo Petro, quien semanas atrás subió a la tarima a reconocidos cabecillas de bandas criminales como parte de su política de “Paz Urbana”. El evento, convocado por los partidos Centro Democrático y Creemos, contó con la presencia de concejales y líderes regionales y buscó reclamar respeto por las instituciones locales y repudiar lo que consideraron una afrenta a la dignidad de la ciudad.
La movilización se inició pasadas las 10 a. m. y se caracterizó por oraciones alusivas al himno de Antioquia, arengas como “Antioquia no se arrodilla” y mensajes en defensa de la institucionalidad frente a lo que muchos calificaron de provocación política. Voceros de la oposición denunciaron que el primer mandatario legitimó criminales al darles visibilidad en un lugar emblemático, en contradicción con la memoria de las víctimas de la violencia urbana.
Entre los asistentes se destacaron figuras del Centro Democrático y Creemos, incluidos el presidente del Concejo Sebastián López y concejales como Claudia Carrasquilla y Paulina Suárez, quienes advirtieron que ese acto representaba una “humillación institucional” y una amenaza a la seguridad democrática de la región. En tarima, algunos participantes incluyeron sermones religiosos y plegarias, mientras se repartieron volantes relacionados con un movimiento independentista cinco colombianos.
El trasfondo de la protesta fue el llamado “tarimazo”, evento celebrado el 21 de junio en el que Petro presentó públicamente a casi una decena de líderes delincuenciales recluidos, quienes fueron identificados como intervinientes en la mesa de paz junto al Gobierno nacional. Críticos calificaron dicho acto como un exceso que socava la confianza en las fuerzas del orden y deslegitima a las autoridades locales .
Este tipo de movilizaciones pone en evidencia la fractura existente entre el Ejecutivo nacional y dirigentes regionales en Antioquia, donde apreciaciones sobre la seguridad y el diálogo con grupos armados divergen marcadamente. Frente al episodio, líderes como el gobernador Andrés Rendón y el exalcalde Federico Gutiérrez solicitaron explicaciones y aseguraron que no existen las condiciones para normalizar la presencia pública de criminales.
La concentración de hoy representa una respuesta contundente de sectores ciudadanos que demandan claridad institucional y respeto por la memoria histórica de las víctimas. El evento también advierte sobre el impacto político que pueden tener decisiones del Gobierno nacional en regiones con pasado de conflicto, donde la legitimidad del Estado es un tema sensible.
