El recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó este jueves en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene la intención de promover una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular. El objetivo es rediseñar el marco constitucional en vigor desde 1991, ante la inoperancia de los canales institucionales para ejecutar reformas sociales profundas .
Montealegre, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, subrayó que la Constitución de 1991, tras más de 30 años, contiene “instituciones… que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”. Aunque reconoce haber defendido en el pasado la rigidez de la Carta para evitar su “destazamiento”, hoy considera que las vías reglamentarias son insuficientes.
El ministro explicó que la propuesta está inspirada en mecanismos previstos en la propia Constitución, similares a los que dieron origen a la Carta del 91: una convocatoria respaldada por mínimo ocho millones de firmas (20 % del censo electoral) sería vinculante para la Corte Constitucional, sin necesidad de pasar por el Congreso . Se trataría de un camino ciudadano y jurídico que no requeriría la aprobación legislativa.
La principal crítica a este esquema es cuestionar si un llamado promovido por el Ejecutivo puede considerarse realmente una iniciativa popular. Montealegre defendió la legitimidad del proceso: “No se trata de una jugadita… se está utilizando un mecanismo que la Constitución permite”. Sin embargo, la duda persiste entre juristas y críticos políticos.
Montealegre aseguró en Mañanas Blu que el plan no es una ocurrencia de último minuto: “Yo estoy en serio en la Constituyente desde hace muchos meses. Esto no se le ocurrió anoche al presidente”. El anuncio se da días después del decreto presidencial para convocar una consulta popular sobre reforma laboral, que enfrenta fuerte oposición institucional.
El anuncio agudiza la tensión política y jurídica en Colombia. Si la Corte Constitucional avala la iniciativa popular, podría evitarse el trámite legislativo. Sin embargo, críticos advierten que tal maniobra podría vulnerar el principio de separación de poderes y generar un precedente inédito . En paralelo, sectores opositores advierten que la convocatoria de una Constituyente podría convertirse en un “autogolpe” institucional.
Consultado sobre si la Constituyente implicab un intento de reelección, Montealegre respondió de manera tajante: “¿Cómo se me ocurre pensar eso? El presidente ha sido claro: no aspirará a la reelección… Se trata de rediseñar instituciones para un modelo social más justo”.
El anuncio del ministro Montealegre desencadena un debate histórico en Colombia: por un lado, se presenta una vía ciudadana para estructurar y legitimar una reforma constitucional profunda. Por otro, genera recelos jurídicos y políticos sobre la posible concentración de poder. El pulso constitucional está planteado: ¿será la Corte el árbitro final de una iniciativa popular sin pasar por el Congreso?
