El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se refirió directamente a la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El funcionario reiteró que el Gobierno propondrá en marzo de 2026 una votación de sí o no, incluida en la papeleta de las elecciones legislativas, para que los ciudadanos decidan si se debe iniciar un proceso de rediseño institucional profundo. Montealegre enfatizó que “Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución”.
Esta iniciativa surge tras la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar la consulta popular previa para refrendar la reforma laboral, optando por esta vía para medir el respaldo ciudadano a la Constituyente. Según el ministro, “se trata de un hecho político”, que se implementará “dentro del marco de la institucionalidad, sin ningún salto al vacío”. La propuesta se inspira en experiencias históricas como la Séptima Papeleta de 1990, que precedió a la Constitución de 1991, aunque hoy sin consenso político claro.
La propuesta ha generado reacciones diversas. Desde el Centro Democrático, se advierte que el proceso podría implicar una reforma al estilo de regímenes autoritarios y se rechaza la convocatoria como una amenaza a la separación de poderes. Juristas como Alfonso Gómez Méndez y Gonzalo Ramírez Cleves han descrito la idea como “descabellada” y subrayan que solo el Congreso, vía ley, puede autorizar una Constituyente.
En el contexto actual, marcado por la polarización política, la aprobación reciente de la reforma laboral y tensiones institucionales, la convocatoria a una Constituyente por medio de papeleta se convierte en un movimiento estratégico con implicaciones clave para el rumbo del país . El anuncio de Montealegre inicia ahora un complejo recorrido político y jurídico, en el que Congreso, Corte Constitucional y opinión pública desempeñarán roles decisivos.
