El Ministerio de Educación Nacional ha ordenado la separación del cargo del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, mediante una resolución administrativa expedida en el cierre de 2025. La decisión, fundamentada en la Ley 1740 de 2014, establece el reemplazo del directivo por un periodo inicial de un año, prorrogable una sola vez, como medida de inspección y vigilancia ante la grave crisis financiera que atraviesa el alma mater. Según la cartera educativa, la medida busca garantizar la viabilidad fiscal de la institución y el correcto manejo de los recursos públicos.
Para asumir la rectoría durante este periodo de intervención, el Gobierno Nacional designó a Héctor Iván García García, profesor de la Facultad de Medicina de la misma institución. El docente tendrá la responsabilidad de ejecutar un plan de mejoramiento que permita subsanar el déficit presupuestal acumulado, el cual ha puesto en riesgo el funcionamiento operativo de la universidad en los últimos semestres. La cartera de Educación ha señalado que esta acción es necesaria debido al incumplimiento de los planes de saneamiento financiero exigidos previamente a la administración de Arboleda.
La medida ha generado una fuerte reacción política en el departamento. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la decisión como una vulneración directa a la autonomía universitaria. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó su rechazo comparando la situación con otras intervenciones estatales recientes en la región: “Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños. Ya lo hizo con Comfenalco y con Savia y sabemos que el remedio termina siendo peor que la enfermedad”.
Por el momento, la Universidad de Antioquia no ha emitido un pronunciamiento oficial institucional respecto al acto administrativo ni sobre los pasos a seguir legalmente. Se ha conocido que el proceso se encuentra en etapa de notificación personal, requisito indispensable para que la resolución cobre plena vigencia jurídica. Mientras tanto, sectores académicos y políticos debaten sobre el precedente que esta intervención marca para la autonomía de las universidades públicas en Colombia, en medio de tensiones crecientes entre el gobierno central y las administraciones locales.
