Miguel Uribe Londoño afirma que dinero para asesinar a su hijo “provino de Venezuela” y vincula a Segunda Marquetalia

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El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño reveló nuevos detalles sobre el asesinato de su hijo, el senador y aspirante Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, señalando que parte de los recursos usados para planear y ejecutar el crimen “provino de Venezuela” y que el “vehículo operativo” en Colombia fue la Segunda Marquetalia, según declaraciones que entregó a la revista Semana.

Uribe Londoño afirmó que, aunque la logística del ataque se estructuró en territorio colombiano, el flujo de dinero que financió el atentado salió desde Venezuela y fue canalizado a través de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias armadas en el país. El dirigente político describió esta tesis sobre el origen de los recursos como parte de su análisis, aunque matizó que no tiene aún confirmación oficial sobre quiénes dieron esos fondos o si existen vínculos directos con entidades del Estado venezolano.

El legislador recibió varias reacciones de medios de comunicación y autoridades tras hacer estas afirmaciones en medio de su campaña, que se desarrolla a tres meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Uribe Londoño ha asegurado que confía en que la Fiscalía General de la Nación continuará avanzando en el esclarecimiento de todas las responsabilidades detrás del magnicidio de su hijo, incluyendo identificar a los determinadores intelectuales y financieros del ataque.

El caso del asesinato del senador Uribe Turbay —quien resultó herido mortalmente en un atentado en Bogotá el 7 de junio de 2025— ha sido objeto de una amplia investigación judicial. La Fiscalía ha imputado y procesado a varias personas relacionadas con la planificación y ejecución material del ataque, así como a quienes facilitaron armas y logística en el país.

Las declaraciones de Uribe Londoño sobre el supuesto origen de los recursos desde Venezuela y la implicación de estructuras armadas han generado debate político y mediático en Colombia, sin que hasta ahora exista confirmación independiente de instancias judiciales o fiscales sobre dichos vínculos externos.

Este episodio se enmarca en un contexto de seguridad y política nacional tensionado, donde la protección de líderes y candidatos, la investigación de crímenes de alto impacto y el papel de grupos armados ilegales continúan siendo asuntos centrales en la agenda pública colombiana.

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