El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, cuestionó con dureza el fallo judicial que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. En su mensaje en X señaló que se trató de una “instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales”, lo que —aseguró— establece un precedente “preocupante” que podría dar lugar a sanciones en línea con casos como los de Bolsonaro y Trump.
Rubio afirmó también que “el único delito del expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, y alertó sobre el uso político de la toga como arma judicial.
El presidente Gustavo Petro respondió de inmediato, calificando los comentarios como una clara “intromisión a la soberanía nacional” y exigiendo que se respete la independencia del sistema judicial colombiano. Afirmó: “El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos han caído asesinados por ayudar al mundo”.
Desde Washington, la embajada de Colombia emitió un comunicado reafirmando que el país cuenta con una separación de poderes firme e inequívoca, y que el fallo judicial es un proceso legítimo basado en garantías constitucionales y derecho al debido proceso.
La jueza Sandra Liliana Heredia dictó el fallo contra Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, convirtiendo al expresidente de 73 años en la primera cabeza del Estado colombiano condenada penalmente. La defensa anunció que interpondrá recurso de apelación en agosto, y la pena podría alcanzarle hasta nueve o doce años, aunque posiblemente en modalidad de arresto domiciliario.
Expertos advierten que esta controversia puede escalar diplomáticamente. Sectores uribistas en Colombia y congresistas republicanos en EE. UU. defienden a Uribe como víctima de “persecución política”, mientras que el gobierno colombiano reafirma que su justicia actúa de manera autónoma. El episodio plantea preguntas sobre el futuro de las relaciones bilaterales y la influencia de pronunciamientos políticos en procesos judiciales internos.
Ante esta polarización, la atención se centra en si EE. UU. aceptará la visión de Petro respecto a la autonomía judicial colombiana o si insistirá en posibles sanciones. La confrontación entre la crítica externa de Rubio y la defensa soberana de Petro revela un dilema clave: ¿hasta qué punto puede un funcionario extranjero cuestionar procesos judiciales sin ser percibido como violación de soberanía democrática en Colombia?.
