El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha generado un nuevo episodio de fricción en las relaciones bilaterales con Colombia tras emitir fuertes declaraciones en las que cuestiona la gestión de seguridad del gobierno de Gustavo Petro en la zona limítrofe. En una reciente intervención pública, el mandatario venezolano aseguró que su país se encuentra enfrentando en solitario el flagelo del crimen organizado y las bandas delincuenciales que operan en la extensa frontera compartida, señalando una presunta ausencia de control por parte de las autoridades colombianas.
Durante su alocución, el jefe de Estado venezolano enfatizó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha tenido que asumir la totalidad de la carga operativa para contener a los grupos irregulares que transitan entre ambas naciones. Maduro argumentó que, mientras Venezuela despliega operativos constantes, al otro lado de la línea fronteriza no se evidencia una reciprocidad en las acciones de contención, lo que, según su perspectiva, facilita la movilidad y operación de estructuras criminales que afectan la estabilidad de la región.
Uno de los puntos más álgidos del discurso se centró en la lucha contra el narcotráfico. Maduro defendió vehementemente su estrategia de seguridad, calificando el plan antidrogas venezolano como un modelo «ejemplar» en la región. Para sustentar su reclamo sobre la falta de cooperación binacional, afirmó que las aeronaves interceptadas y neutralizadas por la aviación militar venezolana en territorio nacional tendrían procedencia colombiana, utilizándose para el transporte de estupefacientes hacia mercados internacionales.
Estas declaraciones marcan un punto de giro en la narrativa diplomática reciente, poniendo a prueba los mecanismos de cooperación restablecidos entre Bogotá y Caracas. La acusación directa sobre el origen de las aeronaves y la supuesta inacción estatal colombiana sugiere un endurecimiento en la postura de Miraflores frente a la política de seguridad de su vecino, trasladando la responsabilidad del flujo de narcotráfico y la violencia fronteriza a la administración de Gustavo Petro.
Analistas internacionales observan con atención este recrudecimiento del discurso, dado que la seguridad en los más de 2.200 kilómetros de frontera ha sido uno de los pilares fundamentales en la agenda de normalización entre ambos países. Las afirmaciones de Maduro plantean nuevos retos para la diplomacia colombiana, que deberá gestionar estas críticas mientras intenta mantener la colaboración necesaria para combatir las economías ilícitas que permean la zona binacional.
