La tensión en la cúpula militar colombiana ha alcanzado un punto crítico. Fuentes de alto nivel confirman que el decreto para formalizar la suspensión del general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército (Coper), ya se encuentra redactado y ha superado las revisiones jurídicas necesarias en el Ministerio de Defensa. El documento, que acata la orden impartida por la Procuraduría General de la Nación, está únicamente a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigor legalmente.
La medida administrativa responde a la decisión del ente de control de apartar del cargo al oficial por un periodo inicial de tres meses. Esta determinación se basa en una investigación disciplinaria que vincula al general Huertas con presuntos nexos con las disidencias de las Farc, específicamente con la estructura liderada por alias ‘Calarcá’. Aunque el Gobierno Nacional inicialmente mostró reticencia a ejecutar la salida, la presión institucional y los requerimientos legales han acelerado el trámite del decreto para evitar un desacato.
Mientras se oficializa la firma presidencial, el Ejército Nacional ha optado por una solución administrativa temporal. Se ha conocido que al general Huertas se le otorgó un permiso especial de cinco días, una maniobra que busca apartarlo de facto de sus funciones y evitar que firme actos administrativos o contractuales mientras se concreta su suspensión formal. Esta decisión pretende blindar jurídicamente las actuaciones del Comando de Personal durante este periodo de transición e incertidumbre.
La situación se ha tornado aún más compleja tras la reciente defensa pública que hizo el presidente Gustavo Petro del oficial. El mandatario aseguró tener pruebas de que los testimonios contra Huertas podrían ser producto de presiones a testigos encarcelados, desestimando la validez de los supuestos chats encontrados en dispositivos electrónicos. Sin embargo, la existencia de investigaciones paralelas en la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde exmilitares han mencionado al general en casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, añade un peso considerable a la necesidad de apartarlo del servicio activo.
El Ministerio de Defensa ha reiterado que, si bien se respeta la presunción de inocencia, el cumplimiento de las órdenes de los entes de control es obligatorio. La firma del decreto no implica una destitución definitiva, pero sí marca un distanciamiento institucional necesario para permitir que las investigaciones avancen sin la interferencia que podría suponer el ejercicio de un alto cargo de mando. La expectativa se centra ahora en el despacho presidencial, donde se definirá el momento exacto en que se protocolice esta crisis en la línea de mando militar.
La salida temporal del general Huertas deja vacante una de las posiciones más estratégicas del Ejército, encargada de la gestión de todo el recurso humano de la fuerza. Analistas advierten que esta interinidad podría afectar procesos internos clave si no se resuelve con celeridad, mientras la oposición política exige garantías de que la inteligencia militar y las operaciones no se vean comprometidas por las dudas que recaen sobre la idoneidad de sus altos mandos.
