Por: Luis Gabriel Gómez – Diputado de Antioquia
La Presidencia de Colombia, en manos de Gustavo Petro, ha marcado una pauta de gobierno que para sus mayores críticos se puede resumir en una serie de acciones que, intencionalmente o no, parecen socavar las bases de las instituciones y las relaciones estratégicas del país. La retórica y las políticas del actual gobierno, analizadas desde una mirada menos emocional y más argumentativa, nos invitan a reflexionar sobre una estrategia que podría definirse a partir de las cinco «D».
La primera «D» es el desmantelamiento a las fuerzas armadas. No se trata solo de los recortes presupuestales o de los cambios en la misión militar a esto se suman los cientos de renuncias de oficiales especializados de nuestras fuerzas militares. La narrativa del Gobierno ha puesto en entredicho el papel de la fuerza pública en la sociedad y ha impulsado una «paz total» que, en la práctica, ha sido percibida por algunos sectores como una debilidad o arrodillamiento del estado ante los grupos armados ilegales. Esto, a su vez, genera incertidumbre y desmotivación en una institución fundamental para la democracia, seguridad y estabilidad del país.
La segunda «D» es la desacreditación al gobierno. curiosamente, la crítica no viene solo de la oposición. El propio Presidente ha utilizado su plataforma para denunciar, en ocasiones, a sectores de su propia administración, creando una sensación de caos, enfrentamiento y desorden interno. Esto dificulta, no solo el avance efectivo del gobierno en su plan de desarrollo, Además, pone en entredicho la coherencia en la toma de decisiones y debilita la confianza de la ciudadanía frente a la capacidad del ejecutivo para gobernar.
En tercer lugar, encontramos la «D» de deslegitimar al Congreso. Las relaciones con el poder legislativo han sido tensas, marcadas por un constante pulso político. El gobierno ha optado en repetidas ocasiones por llamar a movilizaciones populares para presionar a los congresistas y ha desestimado la labor de los legisladores cuando estos se oponen a sus proyectos de Ley. Esta dinámica no solo afecta la gobernabilidad, también, erosiona el principio de la separación de poderes, pilar de nuestra democracia, que es valorada y medida en el mundo.
La cuarta «D» se refiere al debilitamiento de las relaciones con socios estratégicos de inversión extranjera. Las declaraciones sobre la política energética, el bloqueo a la exploración de gas y petróleo y la incertidumbre en torno a la seguridad jurídica han generado inquietudes en los mercados internacionales. el gobierno ha priorizado su agenda ideológica sobre la estabilidad económica del país, lo que ya tiene consecuencias en la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. El PIB en su panorama más hostil y la estabilidad de Colombia en manos de narrativas y populismo.
Finalmente, la última «D» es dudar de la justicia. Constantemente se reta a los jueces con reformar la justicia, cuando las decisiones judiciales no le son favorables, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de los jueces y las cortes. Esta postura deslegitima la independencia del poder judicial y envía un mensaje preocupante a la sociedad: que la justicia solo es legítima cuando sus fallos se alinean con los intereses del ejecutivo.
En conclusión, esta serie de acciones, si bien pueden tener motivaciones ideológicas legítimas para el gobierno, vistas en conjunto, dibujan un panorama de incertidumbre, fragilidad institucional y retroceso. Es un modelo de gobernanza que, para muchos analistas y para una porción significativa de la opinión pública, parece estar más enfocado en la confrontación que en la construcción y, en la ruptura que en la continuidad de las relaciones estratégicas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Colombia, nuestro país, como sociedad, merece un debate profundo sobre el costo político, social y económico, de esta visión de gobernanza y las consecuencias que tenemos en el presente y podríamos enfrentar en el futuro del país. Se hace urgente que se silencien las narrativas y se gerencie con experiencia, estrategia y visión de progreso. ¡Colombia lo merece!
