El académico independiente y jurista Martín Eduardo Botero desata un profundo debate jurídico tras leer y analizar las 1.114 páginas de la sentencia que condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una publicación detallada y argumentada, Botero advierte que el fallo judicial no solo excede los límites del Derecho Penal garantista, sino que podría abrir la puerta a una responsabilidad internacional del Estado colombiano ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Con el rigor que lo caracteriza, el profesor Botero afirmó que la sentencia “no es una lectura ligera”, sino un documento cargado de historia, política y contradicciones jurídicas de fondo. A su juicio, el fallo judicial se desplaza del marco del Estado de Derecho hacia una peligrosa concepción de Derecho Penal del Enemigo, una categoría descrita por Günther Jakobs que diferencia entre ciudadanos con garantías y “enemigos” tratados como amenazas al sistema.
“El proceso parece castigar al enemigo institucional más que a un ciudadano sujeto de derechos”, escribió Botero. Según su análisis, el lenguaje utilizado en la sentencia —expresiones como “quebrar la vena de la justicia” o “manchar el tapiz blanco institucional”— es un indicio claro de un enfoque moralizante que sustituye el análisis probatorio por una narrativa política.
El jurista señala cinco conclusiones clave. En primer lugar, denuncia que la sentencia tiene un tono politizado y ejemplarizante, lo cual compromete la imparcialidad judicial exigida por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En segundo lugar, destaca incoherencias procesales como la imposición de prisión inmediata, a pesar del reconocimiento de prisión domiciliaria, justificadas bajo el argumento de “efecto social”. Esto, afirma, vulnera la presunción de inocencia reforzada, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Una tercera preocupación es la constante violación de estándares del debido proceso, especialmente cuando se privilegia la narrativa simbólica sobre el análisis técnico-jurídico. Botero recuerda que el artículo 7 de la CADH protege la libertad personal y que decisiones judiciales con tintes de escarmiento político, como la que analiza, pueden ser impugnadas a nivel internacional, como lo estableció la Corte IDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela.
En su cuarta conclusión, el académico señala una confusión conceptual en la imputación penal: mientras se presenta a Uribe como determinador indirecto, también se insinúa un control total de los hechos, generando inestabilidad en la aplicación de agravantes y tipos penales. Finalmente, concluye que el proceso se convirtió en una herramienta de escarmiento político, debilitando la neutralidad del sistema judicial colombiano.
“No se trata de discutir la política, sino de recordar que las sentencias deben hablar el lenguaje del Derecho, no el de la narrativa”, subrayó Botero.
El análisis del jurista también cuestiona la manera en que la jueza justifica la condena: magnifica el impacto simbólico de los hechos, apela a citas filosóficas —como las de John Rawls— y utiliza una argumentación más orientada a preservar la imagen institucional de la justicia que a demostrar con pruebas fehacientes la afectación directa de los actos del acusado.
Para el profesor Botero, si bien todo Estado tiene derecho a ejercer justicia y sancionar hechos punibles, este deber no puede cumplirse quebrantando los pilares del garantismo penal y del debido proceso. La sentencia, afirma, refleja una tendencia preocupante hacia un uso político del aparato judicial, lo cual vulnera los artículos 8, 9, 23 y 29 de la CADH y de la Constitución colombiana.
Este pronunciamiento, realizado en redes sociales y ampliamente compartido por juristas y analistas, eleva la discusión jurídica a un nuevo nivel. No se trata de una defensa política del acusado, aclara Botero, sino de un llamado firme a proteger la justicia de la tentación del espectáculo y a preservar el Estado de Derecho como compromiso compartido.
Como concluye el académico: “Cuando la justicia adopta el tono del espectáculo, el Estado de Derecho se resquebraja”.