La congresista Karen Manrique fue capturada luego de que se hiciera efectiva la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial hace parte de un proceso que también involucra a otros congresistas señalados de participar en presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos.
La Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención de Manrique tras considerar que existen indicios suficientes de su posible participación en un esquema de cohecho relacionado con la aprobación de créditos del Estado en el Congreso. Según la investigación, algunos legisladores habrían respaldado estas decisiones a cambio de beneficios políticos y contratos dirigidos a sus regiones.
La congresista, elegida por una de las curules de paz que representan a las víctimas del conflicto armado, se presentó ante las autoridades en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, luego de conocerse la decisión judicial. Su entrega voluntaria ocurrió la noche del 11 de marzo, mientras las autoridades adelantaban los procedimientos para formalizar la orden de captura y su traslado a Bogotá para continuar con el proceso.
El caso forma parte del mayor escándalo de corrupción reciente vinculado a la UNGRD, entidad encargada de coordinar la atención de desastres en Colombia. Las investigaciones apuntan a un presunto entramado en el que recursos y contratos habrían sido utilizados para asegurar apoyos políticos dentro del Congreso, según testimonios de exfuncionarios involucrados en el proceso.
La Corte Suprema también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur y decidió llamar a juicio a varios legisladores más por el delito de cohecho impropio, dentro de una investigación que se basa en documentos, grabaciones y testimonios recopilados por el tribunal.
El proceso judicial continúa mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance del presunto entramado de corrupción y determinar la responsabilidad de los funcionarios y congresistas señalados en el caso.
