El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2025 se ubicó en 5,10%. Esta cifra, que marca el costo de vida de los colombianos durante el último año, se convierte en el indicador oficial para el ajuste de múltiples tarifas, contratos y servicios en el país a partir de enero de 2026. Aunque el dato representa una leve disminución frente al 5,20% registrado en 2024, sectores clave como restaurantes, educación y salud continúan presionando el bolsillo de los hogares.
El impacto más inmediato de este anuncio recae sobre los arriendos de vivienda urbana. Según la Ley 820 de 2003, los cánones de arrendamiento podrán incrementarse máximo hasta el tope del IPC del año anterior al momento de renovar el contrato. En términos prácticos, por cada $1.000.000 de arriendo actual, el aumento máximo permitido será de $51.000. Este ajuste no es automático para todos los inquilinos en enero, sino que aplica únicamente cuando se cumpla el año de vigencia del contrato de arrendamiento respectivo.
En cuanto a las pensiones, el ajuste tendrá dos vertientes diferenciadas para 2026. Aquellos jubilados que reciben una mesada superior a un salario mínimo verán un incremento del 5,10%, alineado estrictamente con el IPC para recuperar su poder adquisitivo. Por otro lado, las pensiones equivalentes a un salario mínimo se ajustarán según el incremento decretado por el Gobierno Nacional para el salario mínimo legal vigente, el cual fue fijado en un 23%, beneficiando a la base más amplia de pensionados del país.
El sector educativo también sentirá el efecto inflacionario. El DANE reportó que la división de Educación fue una de las que presentó mayores variaciones anuales. En consecuencia, las matrículas y pensiones de colegios privados, así como ciertos servicios académicos, tendrán alzas reguladas que tomarán como referencia este 5,10%, sumado a puntos adicionales permitidos por el Ministerio de Educación según el régimen de cada institución.
Otros rubros que verán modificaciones en sus precios incluyen las cuotas de administración en propiedad horizontal, los peajes a cargo del Invías, los avalúos catastrales y los servicios de salud como la medicina prepagada y las cuotas moderadoras. Estos ajustes suelen indexarse directamente a la inflación causada para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos y privados.
Finalmente, el análisis del DANE destaca que, si bien la inflación cedió terreno levemente, las familias de ingresos medios y bajos siguen enfrentando presiones significativas. Esto se debe a que una parte considerable de sus gastos se destina a alimentos y vivienda, sectores donde la percepción de precios altos persiste. El Banco de la República continuará monitoreando estos indicadores para definir el rumbo de las tasas de interés en los próximos meses.
