En las últimas horas, la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay presentó una demanda penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. El abogado Víctor Mosquera afirma que en más de 43 publicaciones en redes sociales, recientes y anteriores al atentado del 7 de junio, el mandatario generó un ambiente “hostil, discriminatorio y de odio” hacia su defendido.
Mosquera, al referirse a los llamados “trinos de odio”, señala que Petro, por ejemplo, comparó a Uribe con su abuelo Julio César Turbay, quien gobernó entre 1978 y 1982, recordándole su presunta complicidad en una campaña represiva: “¿Vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a diez mil colombianos a la tortura…?”, escribió el presidente días antes del ataque. Aunque los denunciantes aclaran que no atribuyen directamente el atentado al mandatario, sostienen que su discurso creó un clima de polarización que pudo haber influido en el episodio violento que sufrió Uribe.
Por su parte, el Gobierno rechaza la acusación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, consideró la denuncia “perversa” y afirmó que es prematuro vincular los trinos con el atentado, alegando además que no existen publicaciones hostiles posteriores al ataque. Además, Petro anunció una contrademanda por calumnia y expresó que el objetivo de quienes lo acusan es desgastar al Ejecutivo y desviar la atención de la investigación criminal respectiva.
En medio de este cruce legal, la investigación sobre el atentado a Uribe avanza. Las autoridades han capturado a cuatro personas, incluida un presunto cabecilla conocido como “El Costeño”, y ofrecen una recompensa por su aprehensión. El vínculo, si lo hay, entre los mensajes del presidente y la acción violenta será un punto clave en la indagación. La Corte Suprema, en caso de admitir la denuncia, podría abrir una causa contra Petro por hostigamiento.
Este episodio reaviva el debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el discurso político agresivo y la responsabilidad penal por incitación indirecta al odio. En un contexto electoral marcado por alta polarización, la demanda plantea si hay fronteras judiciales para el uso de redes sociales por parte de mandatarios y si el discurso puede, en casos extremos, derivar en violencia real.
En las próximas semanas, la Comisión de la Cámara deberá decidir si admite a trámite la denuncia, lo que podría llevar el caso a la Corte Suprema. De ser procedente, el futuro de este episodio tendrá implicaciones políticas, jurídicas y comunicacionales, y el país quedará a la expectativa de cómo se define el límite entre expresión y responsabilidad penal en el espacio digital.
