La intervención de la Iglesia como mediadora en el diálogo político entre el presidente Gustavo Petro, el senador Efraín Cepeda y las cabezas de las cortes y órganos de control buscaba reducir el tono confrontacional que polariza a Colombia, pero según la periodista María Isabel Rueda, al incumplir Petro lo pactado, este esfuerzo quedó «como un saludo a la bandera». Rueda destacó en su columna de El Tiempo que la Iglesia actuó con buena fe al convocar a una mesa austera bajo el auspicio del cardenal Luis José Rueda, pero la falta de cumplimiento del acuerdo por parte del Ejecutivo vulnera la confianza depositada en la institución religiosa.
La periodista cuestionó la eficacia del gesto eclesiástico y lo calificó como ingenuo, recordando que Petro acusó al registrador Hernán Penagos de «sedición» al demorar el proceso de consulta popular, lo que demuestra que el compromiso de rebajar los ánimos no se cumplió. Mientras tanto, Rueda enfatiza que la función de la Iglesia es sentar a políticos de distintas tendencias a dialogar con decencia por el bien común y preservar la esperanza en la construcción de unidad institucional.
La polémica refleja un dilema profundo: por un lado, el esfuerzo admirable de la Iglesia para mediar en momentos de alta tensión; por otro, la fragilidad de los acuerdos sin compromisos reales y firmes. El episodio invita a que se planteen mecanismos más robustos de acompañamiento y seguimiento a estos ejercicios de diálogo interinstitucional. La pregunta que surge es si la Iglesia puede mantener su papel de facilitadora sin convertirse en símbolo de ineficacia frente al incumplimiento político.
Este caso sitúa a la Iglesia en una encrucijada: mantener su rol de mediación aún ante la decepción o recular por temor a perder credibilidad. Su capacidad para convocar a los actores claves sigue intacta; lo que está en juego es la fortaleza del compromiso político y la voluntad de traducir acuerdos en acciones concretas. El tiempo y los próximos pasos demostrarán si el gesto de diálogo fue una acción vana o el inicio de un verdadero proceso de reconciliación institucional en Colombia.