El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que aplique la excepción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto varias resoluciones del Gobierno relacionadas con la política de “paz total”, en medio de la creciente controversia por sus alcances jurídicos y de seguridad.
La petición se centra en las decisiones que han otorgado la calidad de gestores de paz a integrantes de estructuras criminales, lo que ha derivado en la suspensión de órdenes de captura contra varios de estos actores. Según Cadavid, estas medidas podrían contradecir la Constitución y generar riesgos para la institucionalidad y la seguridad de la población civil.
El congresista planteó que la Fiscalía tiene la facultad de inaplicar normas cuando considere que son contrarias a la Constitución, en virtud del artículo 4 de la Carta Política. En ese sentido, pidió que se desatiendan las resoluciones que, a su juicio, estarían favoreciendo a cabecillas de organizaciones criminales bajo el marco de negociaciones impulsadas por el Ejecutivo.
La solicitud se produce en un contexto en el que la Fiscalía ha adoptado decisiones mixtas frente a estas medidas. Durante 2025, se suspendieron órdenes de captura contra 23 líderes de bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá; sin embargo, recientemente se revocó la suspensión de 16 de estas órdenes, manteniéndose activas solo siete.
Cadavid advirtió que la continuidad de estas decisiones podría tener consecuencias directas en la seguridad ciudadana, al permitir que estructuras criminales mantengan capacidad de acción en distintos territorios. Además, cuestionó el alcance de las negociaciones con estos grupos y su impacto en el proceso político y electoral del país.
El pronunciamiento del congresista se suma a una serie de críticas desde sectores de oposición frente a la política de “paz total”, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca abrir canales de diálogo con diferentes actores armados ilegales para reducir la violencia.
Mientras tanto, desde el Gobierno se ha defendido la legalidad de estas medidas, argumentando que se enmarcan en la normativa vigente y hacen parte de una estrategia para avanzar en procesos de sometimiento y desescalamiento del conflicto en zonas urbanas y rurales.
