El presidente Gustavo Petro reavivó este domingo la discusión sobre el acceso a la salud en el país al emitir un fuerte pronunciamiento dirigido a la industria farmacéutica, exigiendo una reducción inmediata en los precios de los medicamentos. A través de sus canales oficiales, el mandatario denunció lo que calificó como costos injustificados que afectan gravemente las finanzas del sistema de salud y el bolsillo de los colombianos, advirtiendo que su gobierno no dudará en intervenir el mercado si no se evidencia una autorregulación por parte de los laboratorios y distribuidores.
El Jefe de Estado sustentó su reclamo presentando comparativas internacionales que, según cifras del Ejecutivo, demuestran que en Colombia se pagan tarifas significativamente superiores por fármacos esenciales en comparación con otros países de la región y de Europa. Para el mandatario, esta disparidad no responde a costos logísticos o de producción, sino a una lógica de especulación que prioriza la rentabilidad empresarial sobre el derecho fundamental a la vida, una situación que, aseguró, no seguirá siendo tolerada bajo su administración.
En su declaración, Petro instó al Ministerio de Salud y a las entidades de control a revisar con lupa la estructura de costos de los medicamentos de alto impacto, especialmente aquellos destinados a tratamientos crónicos y enfermedades huérfanas. La instrucción presidencial apunta a reactivar y fortalecer los mecanismos de control directo de precios, una herramienta legal que permitiría al Gobierno fijar topes máximos de venta al público para frenar lo que denominó «abusos de posición dominante» por parte de las grandes farmacéuticas multinacionales.
Esta nueva ofensiva del Gobierno se da en un contexto de tensión financiera para el sistema de aseguramiento en salud, donde el gasto farmacéutico representa uno de los rubros de mayor crecimiento. El presidente subrayó que la sostenibilidad del modelo sanitario depende de racionalizar este gasto y advirtió que la política de «Paz Total» también implica garantizar que las comunidades más vulnerables no sean excluidas del acceso a tratamientos vitales por barreras económicas impuestas artificialmente por el mercado.
Sectores gremiales y de la oposición han reaccionado con cautela ante el anuncio, señalando que una intervención abrupta en los precios podría desincentivar la importación de nuevas tecnologías o generar desabastecimiento. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se mantiene la postura de que la regulación es un paso necesario para corregir las distorsiones del mercado, anticipando que en las próximas semanas se podrían expedir decretos para materializar estas medidas de control tarifario.
