El presidente Gustavo Petro emitió una fuerte respuesta pública al padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay tras su ofrecimiento del legado de su hijo al expresidente Álvaro Uribe y al partido Centro Democrático. En su trino, el mandatario afirmó: “El legado de un hijo, no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?”.
Miguel Uribe Londoño, durante un conversatorio virtual en homenaje a su hijo fallecido, expresó que el Centro Democrático debía ganar las elecciones presidenciales de 2026 y puso a disposición de esa campaña el legado político de Miguel Uribe Turbay, en busca de preservar su visión por la seguridad y el liderazgo dentro del partido.
La declaración de Petro fue interpretada como un rechazo directo al intento de instrumentalizar la memoria del precandidato para fines electoralistas, enfatizando que el legado político no debería heredarse como una propiedad personal ni familiar, sino ser parte de una dinámica republicana.
Las reacciones no tardaron en llegar desde el Centro Democrático. El representante Hernán Cadavid respondió con dureza, calificando al presidente como “un enfermo”, mientras que el congresista Andrés Forero también criticó enérgicamente la actitud de Petro, denunciando una “alarma humanitaria” frente a sus palabras hacia la familia Uribe.
Este episodio ocurre en medio de un clima político ya tenso tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el pasado 11 de agosto, dos meses después de haber sido herido en un atentado político. La instrucción pública del presidente sobre el uso del legado político refleja la disputa simbólica entre los sectores de gobierno y la oposición de cara a los comicios presidenciales del 2026.
El cruce de declaraciones resalta tanto la polarización creciente en Colombia como el debate sobre la ética del aprovechamiento político de figuras fallecidas. En este contexto, la memoria de Miguel Uribe Turbay se convierte en un punto de conflicto entre posturas ideológicas, simbolizando la disputa por el poder, la legitimidad pública y la memoria democrática.
