El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó al pueblo trabajador a expresarse y movilizarse en las calles luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del salario mínimo del 23,7 % para 2026.
La convocatoria se dio tras la controversia generada por la medida judicial que cuestionó la base legal del incremento salarial decretado por el Gobierno, argumentando que no cumplía con los criterios de la Ley 278 de 1996, que exige parámetros como inflación y productividad para fijar el mínimo legal.
En mensajes difundidos en redes sociales, el jefe de Estado destacó que la discusión sobre el salario tiene un “carácter social o antisocial” y aseguró que los trabajadores deben tener voz para manifestarse sobre una medida que, según el Ejecutivo, busca garantizar un salario digno acorde con la Constitución nacional.
La suspensión provisional obliga al Gobierno Nacional a expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días que cumpla los requisitos legales, aunque mientras tanto los trabajadores continuarán recibiendo el salario ajustado según lo establecido inicialmente.
El aumento del 23,7 % decretado a finales de 2025 fue promovido por el Gobierno como uno de los más altos en décadas, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos mínimos, elevarlos cerca de dos millones de pesos colombianos e intentar reducir la desigualdad económica.
La reacción de Petro se suma a un ambiente de fuerte debate político y social en torno al rol de la justicia administrativa, las políticas salariales y el impacto económico de la medida en sectores productivos. Distintos líderes políticos, sindicatos y ciudadanos han expresado posiciones divididas frente a la suspensión judicial y las implicaciones para el mercado laboral y la economía.
