La justicia guatemalteca ha emitido órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia en el Vaticano y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia. Ambos están señalados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en relación con el caso Odebrecht.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche, solicitó la activación de una alerta roja internacional a Interpol para la detención de los implicados. Curruchiche afirmó que Velásquez encabezaba una «estructura criminal» que favoreció a empresarios de la constructora Odebrecht, causando pérdidas al Estado guatemalteco por más de Q3 mil millones.
Además de Velásquez y Camargo, la orden de captura incluye a otros exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público de Guatemala, como Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general; Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del MP; Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la FECI; y Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal adjunta de la misma fiscalía.
Las acusaciones han generado controversia, ya que diversos sectores consideran que estas acciones son represalias por el trabajo realizado por la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Iván Velásquez, en su cuenta de X, calificó las acusaciones como una persecución por parte de autoridades guatemaltecas sancionadas por EE.UU. y la Unión Europea.
El caso Odebrecht ha sido uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina, involucrando a funcionarios y empresarios en varios países. En Guatemala, las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público revelaron pagos de sobornos por parte de la constructora brasileña a cambio de contratos de obras públicas.
Las órdenes de captura emitidas por Guatemala podrían tener implicaciones diplomáticas, especialmente considerando que Velásquez ostenta un cargo diplomático y Camargo es la actual fiscal general de Colombia. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el uso de la justicia en Guatemala para perseguir a quienes han trabajado en la lucha contra la corrupción.
Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las acciones que tomarán las autoridades colombianas y la comunidad internacional frente a estas órdenes de captura.
