Un consenso histórico entre Senado y Cámara despeja el camino hacia la aprobación definitiva de la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, lo que llevaría a la derogación del polémico decreto que convocaba una consulta popular sobre el mismo tema. La plenaria del Senado aprobó el proyecto con 57 votos a favor frente a 31 en contra, consolidando mejoras significativas en recargos nocturnos, dominicales, seguridad social para trabajadores de plataformas y contratos formales.
Con el cuarto debate superado, los presidentes Efraín Cepeda y Jaime Raúl Salamanca designaron conciliadores que unirán los textos del Senado y la Cámara. María Fernanda Carrascal y Juan Camilo Londoño liderarán el equipo desde la Cámara, mientras que el Senado aportará dos representantes; se espera que la conciliación se vote entre jueves o viernes, antes del cierre del periodo legislativo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó que una vez se apruebe el texto conciliado —calificado como aún “más progresivo” que el de la Cámara— el presidente Petro emitirá un decreto para derogar el “decretazo” que había convocado la consulta popular y así evitar su realización. Petro, por su parte, reafirmó que esa medida tenía como objetivo presionar el avance legislativo y que, de centrarse el acuerdo en la reforma laboral, acatará el mecanismo parlamentario sin insistir en la consulta.
De concretarse esta ruta, Colombia estaría ante un triunfo legislativo significativo, evitando el choque institucional que generaba el decreto presidencial y fortaleciendo la separación de poderes. La reforma beneficiaría a más de 10 millones de trabajadores, al establecer recargos 100 % por noches y festivos, garantías para repartidores y formalización para plataformas digitales.
No obstante, este acuerdo no disipa riesgos: sectores como microempresarios y empleadores advierten sobre el impacto económico que podrían generar las nuevas cargas laborales, y la pulseada dentro del Congreso aún no está totalmente cerrada. Tampoco se descarta que presiones políticas o judiciales emergentes busquen reavivar el debate sobre la consulta popular.
En este escenario, la conciliación y la posterior sanción presidencial serán determinantes. Si se logra materializar ese paso antes del cierre del periodo legislativo, se consolidará la reforma laboral sin necesidad de acudir a una consulta ciudadana, lo que además podría reparar la tensión institucional generada en tiempo récord.
