El Gobierno nacional de Colombia prepara un decreto que podría cambiar el manejo de las pensiones privadas, planteando límites a las inversiones en el exterior y el retorno de recursos hacia la economía interna, según información oficial y reportes de prensa.
La Casa de Nariño, a través del Ministerio de Hacienda, trabaja en un borrador de decreto que aspira a repatriar una parte significativa de los recursos que hoy administran los fondos de pensiones privados y que se encuentran invertidos fuera del país. Este monto ha sido estimado en cerca de 200 billones de pesos colombianos, según fuentes periodísticas especializadas en economía.
La propuesta del Ejecutivo, aún en revisión técnica con entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia, busca limitar el porcentaje del ahorro pensional que puede permanecer en inversiones internacionales y, paralelamente, incentivar que más capital se destine a proyectos y activos dentro del territorio colombiano.
Según versiones preliminares del proyecto, las administradoras de fondos de pensiones privadas podrían enfrentar topes progresivos a sus inversiones en el exterior. El borrador contempla que, en un plazo de cinco años, solo hasta el 30 % del portafolio total pueda estar invertido en mercados extranjeros, frente al actual cerca del 48 %.
La medida busca fortalecer el mercado local y generar mayor liquidez para instrumentos nacionales, como bonos del Estado, que podrían ver un aumento en la demanda por parte de los fondos de pensiones durante la transición, estiman analistas financieros.
La iniciativa ha generado alertas en gremios y expertos económicos, que advierten sobre los posibles efectos negativos de reducir la diversificación internacional de las inversiones. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) ha señalado que menores inversiones en el exterior pueden traducirse en menor rentabilidad y mayores riesgos para los afiliados.
Otros sectores han expresado preocupaciones sobre la capacidad de los mercados financieros locales para absorber el retorno de grandes volúmenes de capital sin generar distorsiones, así como sobre las penalizaciones por retirar inversiones de largo plazo antes de su maduración.
El Ejecutivo estima que el decreto será divulgado para comentarios y discusión pública antes de su eventual adopción, posiblemente a mediados del segundo trimestre de 2026, según información disponible.
El anuncio se da en un contexto de ajustes fiscales y de políticas económicas, en un momento en que el país busca equilibrar déficits presupuestarios y generar mayor dinamismo en el mercado interno, sin que hasta la fecha se conozcan detalles finales sobre la instrumentación y el cronograma preciso de implementación.
