El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2026 avanza en medio de tensiones crecientes entre el Gobierno y el Congreso, con denuncias de que el Ejecutivo estaría maniobrando para dilatar la discusión y, finalmente, expedirlo por decreto.
El monto global propuesto por el Ministerio de Hacienda asciende a $556,9 billones, acompañado de una Ley de Financiamiento que pretende recaudar $26,3 billones adicionales. La cifra ha sido cuestionada por la oposición y por sectores independientes, que critican el elevado gasto de funcionamiento y la falta de señales claras de austeridad.
El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, advirtió que los debates no pueden seguirse haciendo “a puerta cerrada en Hacienda” y deben darse de manera pública, ya que están en juego recursos clave para sectores en crisis como la salud y la seguridad.
En los pasillos del Capitolio se comenta que el Gobierno estaría instruyendo a sus congresistas aliados para prolongar las discusiones hasta agotar los plazos legales. Si no hay acuerdo antes del límite establecido, el presupuesto podría ser expedido directamente por decreto presidencial, lo que reduciría la capacidad de control del Legislativo y ampliaría la discrecionalidad del Ejecutivo para reasignar recursos.
La controversia aumentó luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmara un recorte de $10 billones en el monto global, en contraste con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien defendió la cifra inicial de $557 billones. La contradicción refleja la división interna dentro del mismo Gobierno frente a los ajustes fiscales.
Para la oposición, la expedición por decreto representa un riesgo, pues permitiría al Ejecutivo “inflar” partidas y luego congelar o redirigir los recursos hacia la burocracia o rubros de su conveniencia. Según críticos, esta práctica no refleja la verdadera situación de las finanzas públicas del país.
Con el plazo para definir el monto del presupuesto a punto de cumplirse, el camino que queda es espinoso y sin consensos. El pulso entre el Congreso y el Gobierno Petro definirá si el Presupuesto 2026 se aprueba con debate legislativo o si, una vez más, se convierte en una decisión unilateral del Ejecutivo mediante decreto.
