El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió la liberación inmediata de dos niñas que fueron secuestradas en el municipio de El Bagre, un hecho que generó preocupación en la región del Bajo Cauca antioqueño y reavivó las alertas sobre la presencia de grupos armados ilegales en esa zona del país.
El mandatario departamental se pronunció públicamente tras conocerse el secuestro de las menores y solicitó a los responsables que las entreguen sanas y salvas. En su mensaje, también pidió la intervención urgente de las autoridades para garantizar su liberación y reforzar las acciones de seguridad en la región.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las niñas fueron retenidas en zona rural del municipio, en un contexto marcado por disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales que operan en el Bajo Cauca. Esta subregión ha sido históricamente afectada por actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia de grupos armados.
El gobernador señaló que el secuestro de menores constituye una grave violación de los derechos humanos y reiteró que las autoridades departamentales están trabajando de manera coordinada con la Fuerza Pública para lograr el regreso seguro de las niñas.
En medio de la situación, la Gobernación de Antioquia también hizo un llamado a las organizaciones armadas para que respeten la vida y la integridad de la población civil, especialmente de los menores de edad. El pronunciamiento subrayó que la protección de los niños debe ser una prioridad en cualquier circunstancia.
El Bajo Cauca antioqueño continúa siendo una de las regiones más complejas en materia de seguridad en Colombia. Municipios como El Bagre, Caucasia y Tarazá han registrado en los últimos años episodios de violencia relacionados con el control de economías ilegales y la confrontación entre distintos grupos armados.
Las autoridades mantienen operativos en la zona mientras avanzan las labores de búsqueda y las acciones institucionales orientadas a lograr la liberación de las menores. El caso ha generado preocupación entre líderes comunitarios y organizaciones sociales que han reiterado la necesidad de fortalecer la presencia estatal y las estrategias de protección para la población civil en esta región del país.
