El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una crítica pública al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública por la presunta demora en la llegada de efectivos del Ejército Nacional al municipio de Segovia tras un ataque con drones cargados de explosivos que dejó tres civiles muertos, entre ellos una madre y dos de sus hijos, y al menos un herido, en la vereda La Jagua del Nordeste antioqueño.
El hecho, ocurrido el 26 de febrero de 2026, fue atribuido inicialmente por las autoridades a un dron que liberó un artefacto explosivo sobre una vivienda en medio de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, en particular el Frente Cuarto de las disidencias de las FARC y aliados del Clan del Golfo, en un contexto donde el uso de drones como arma se ha intensificado en el conflicto armado colombiano.
Rendón cuestionó que, pese a los protocolos y capacidades de las Fuerzas Militares —como helicópteros y aviones—, el Ejército no haya llegado con la rapidez esperada al lugar del ataque para garantizar la seguridad o atender a la población afectada, lo que, según él, evidencia un “abandono” del Gobierno Nacional en la atención de la crisis de orden público en la región.
El mandatario departamental además relacionó la empeoría de la seguridad con la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, argumentando que negociaciones con grupos armados habrían fortalecido a estas estructuras y debilitado la capacidad de la fuerza pública para controlar el territorio.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, calificó el uso de drones con explosivos como un hecho que “prende todas las alarmas”, señalando que se investigan las circunstancias del ataque, incluida la posibilidad de que haya sido un acto deliberado o un accidente en medio de combates.
El ataque no solo dejó víctimas mortales y un herido, sino que también originó un desplazamiento de habitantes de varias veredas cercanas, con más de 125 familias que abandonaron sus hogares ante el temor por la violencia y la falta de control efectivo de los grupos armados en la zona.
Las críticas del gobernador se suman a las múltiples denuncias desde el territorio sobre la grave situación de orden público, donde el poder del Estado ha sido desafiado por la presencia de grupos armados ilegales, generando alarma por el incremento de ataques con drones y otras tácticas que ponen en riesgo a la población civil.
