La Fiscalía General de la Nación ha confirmado este lunes una decisión judicial sin precedentes en la historia reciente del país: Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), será imputado penalmente en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ente acusador radicó la solicitud de audiencia, programada para el próximo 11 de febrero, en la que se le formularán cargos por el delito de prevaricato por omisión.
La determinación del fiscal delegado se sustenta en material probatorio que evidenciaría una presunta negligencia sistemática por parte de la dirección de la UNP para garantizar la seguridad del líder de oposición. Según el expediente, la entidad habría desatendido al menos 23 solicitudes formales presentadas por la campaña y la familia de Uribe Turbay durante el primer semestre de 2025, en las cuales se advertía sobre un riesgo extraordinario y se pedía con urgencia el refuerzo de su esquema de protección ante amenazas concretas de grupos armados.
El caso se remonta al trágico atentado ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, cuando el entonces precandidato del Centro Democrático fue atacado con armas de fuego mientras lideraba un evento público. Tras luchar por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, el congresista falleció el 11 de agosto, consolidándose como uno de los hechos de violencia política más graves de la década.
Víctor Mosquera, abogado representante de la familia Uribe Turbay, calificó el llamado a juicio como un «paso decisivo» para establecer la responsabilidad del Estado en el crimen. La defensa sostiene que la UNP no solo ignoró las alertas de inteligencia, sino que en el momento del ataque el esquema de seguridad se encontraba debilitado debido a rotaciones administrativas y la negativa de la entidad a autorizar viáticos y personal adicional para los recorridos de campaña.
La imputación de Augusto Rodríguez marca un hito judicial, al convertirse en el primer alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro en responder penalmente por la muerte de un opositor político. Mientras la defensa del director de la UNP argumenta que se cumplieron los protocolos estándar, la Fiscalía buscará demostrar que las omisiones administrativas facilitaron el accionar de la estructura criminal —vinculada a disidencias— que ejecutó el atentado.
La audiencia de imputación se llevará a cabo ante un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao. Este proceso penal agudiza la tensión política en plena carrera electoral de 2026, poniendo en el centro del debate la capacidad y la neutralidad del Estado para proteger la vida de quienes aspiran a suceder al actual mandatario en la Casa de Nariño.
