La suspensión provisional del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026 por parte del Consejo de Estado ha generado reacciones en diversos sectores de la economía colombiana, entre ellos el gremio de los comerciantes. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, defendió la decisión judicial y pidió un nuevo decreto basado en criterios técnicos ajustados a la realidad económica del país.
El alto tribunal ordenó la suspensión del decreto que fijaba un incremento del salario mínimo del 23,7 % al considerar que se apartó de los parámetros legales como inflación y productividad establecidos en la normativa vigente, y solicitó al Gobierno expedir un nuevo decreto dentro de un plazo de ocho días con fundamentos técnicos verificables.
Cabal sostuvo que la medida judicial evita un impacto negativo sobre el empleo formal y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, señalando que el aumento originalmente decretado era “casi insostenible” para muchos sectores productivos y que podría generar efectos adversos en la creación y mantenimiento de empleos.
El dirigente gremial explicó en una entrevista con medios nacionales que, aunque el ajuste del salario mínimo puede parecer favorable en cifras, su aplicación sin criterios técnicos adecuados habría afectado la competitividad empresarial y la capacidad de generación de empleo formal, especialmente en un contexto de reformas laborales y costos crecientes para empleadores.
En su declaración, Cabal utilizó la expresión “pan de hoy y hambre para mañana” para describir su percepción de que un aumento abrupto sin bases técnicas podría ofrecer un beneficio inmediato en el ingreso de los trabajadores, pero al mismo tiempo generar dificultades económicas futuras para las empresas y el mercado laboral.
Fenalco, que en diciembre de 2025 se había negado a participar en la mesa de concertación salarial aduciendo falta de discusión técnica previa, ahora manifestó su disposición a colaborar en la definición de un nuevo salario mínimo si es convocado por las autoridades pertinentes.
La suspensión del incremento ha generado un debate amplio en el país, con sectores políticos y sociales manifestando posturas encontradas sobre sus efectos en la economía, el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de incertidumbre económica y política a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
