El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el envío de documentos formales al FBI, la DEA y al Congreso de la República en los que expone preocupaciones sobre la política de “paz total” del Gobierno nacional, señalando que podría estar siendo utilizada para favorecer a estructuras criminales.
La decisión se produce en medio del debate generado por la suspensión y posterior revocatoria parcial de órdenes de captura contra cabecillas de organizaciones ilegales en el Valle de Aburrá, medidas que han sido adoptadas dentro del marco de los acercamientos del Ejecutivo con estos grupos. Gutiérrez cuestionó el alcance de estas decisiones y advirtió sobre sus posibles efectos en la seguridad regional.
Según el mandatario local, los documentos enviados contienen propuestas concretas y denuncias detalladas sobre lo que considera una instrumentalización de la política de “paz total”. En sus declaraciones, afirmó que esta estrategia se estaría convirtiendo en una excusa para otorgar beneficios a criminales, lo que, a su juicio, debilita la acción de las autoridades y genera riesgos para la ciudadanía.
El alcalde también planteó inquietudes sobre el impacto de estas medidas en la cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen organizado, motivo por el cual decidió remitir información a agencias estadounidenses como el FBI y la DEA, con el fin de que evalúen el contexto y las decisiones adoptadas en Colombia.
En paralelo, Gutiérrez informó que trasladó sus preocupaciones al Congreso de la República, con el objetivo de que se revisen los fundamentos jurídicos de la política de “paz total” y se adelanten los debates necesarios sobre su implementación. La iniciativa busca, según explicó, abrir un espacio institucional para analizar posibles ajustes o modificaciones a esta estrategia.
El pronunciamiento del alcalde de Medellín se suma a las críticas que sectores políticos y autoridades locales han expresado frente a la política de seguridad del Gobierno, particularmente en lo relacionado con negociaciones y beneficios otorgados a actores armados ilegales.
Por su parte, el Gobierno nacional ha defendido la “paz total” como una apuesta integral para reducir la violencia y avanzar en procesos de sometimiento y diálogo con diferentes estructuras criminales. El debate sobre sus efectos y alcances continúa abierto en el país, en medio de tensiones entre distintos niveles del poder público y en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones de 2026.
