Un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), emitió un contundente pronunciamiento solicitando la anulación inmediata de la “Zona de Integración Binacional” establecida entre Colombia y Venezuela. La declaración advierte sobre los graves riesgos institucionales y de seguridad que implica este acuerdo para la soberanía colombiana y la estabilidad democrática de la región.
El acuerdo, impulsado por los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, tiene como objetivo oficial la integración económica y social de los departamentos fronterizos de Norte de Santander, en Colombia, y el estado Táchira, en Venezuela. Sin embargo, los exmandatarios sostienen que este mecanismo valida diplomática y comercialmente a un régimen que ha sido cuestionado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la ruptura del orden constitucional.
Según el comunicado, la creación de esta zona especial no solo normaliza las relaciones con una dictadura, sino que podría facilitar la expansión de actividades ilícitas. Los firmantes alertan que la frontera colombo-venezolana es actualmente un territorio con alta presencia de grupos armados ilegales y redes de narcotráfico, y que la falta de un Estado de derecho en el lado venezolano impide garantizar la seguridad jurídica y física necesaria para una integración legítima.
Los expresidentes argumentan que comprometer el territorio nacional en acuerdos de esta naturaleza con un gobierno carente de legitimidad democrática constituye una amenaza directa a la seguridad nacional de Colombia. Señalan que la figura de la «Zona de Integración» podría derivar en una cesión de facto de la soberanía, al someter áreas estratégicas del país a una dinámica compartida con autoridades que no responden a principios democráticos ni a la transparencia administrativa.
En su petición, el grupo IDEA insta a las altas cortes y a los organismos de control en Colombia a revisar la constitucionalidad del acuerdo. Enfatizan que cualquier tratado de integración fronteriza debe pasar por el escrutinio del Congreso de la República y no puede establecerse meramente a través de decretos presidenciales o memorandos de entendimiento que eludan el debate público y el control político legislativo.
La solicitud se produce en un momento de alta tensión política, donde sectores de la oposición colombiana han criticado la cercanía del Ejecutivo con el Palacio de Miraflores. Para los exmandatarios, mantener esta zona binacional bajo las condiciones actuales no representa un beneficio para las poblaciones fronterizas, sino un instrumento que fortalece al régimen venezolano y debilita la institucionalidad colombiana ante el crimen transnacional.
