En una audiencia decisiva para el desarrollo de las investigaciones por el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco decidieron no aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Ambos exfuncionarios comparecieron ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde el ente acusador los señaló formalmente como presuntos responsables de delitos graves relacionados con el direccionamiento irregular de contratos estatales, marcando un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en el país.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la teoría del caso presentada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, existen elementos materiales probatorios que vincularían a los exministros con una estructura dedicada a manipular la contratación pública dentro de la entidad de gestión del riesgo. La diligencia judicial fue presidida por la magistrada Alexandra Rosero, quien validó la legalidad de la imputación al considerar que la Fiscalía expuso los hechos jurídicamente relevantes con la claridad y precisión exigidas por la ley, cumpliendo cabalmente con los requisitos procesales.
Durante su intervención, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mantuvo una postura firme de rechazo ante los señalamientos del ente investigador. Bonilla manifestó ante el estrado su inocencia, asegurando que su patrimonio y sus actuaciones siempre han estado apegados a la legalidad. En sus declaraciones durante la diligencia, afirmó de manera categórica que nunca ha recibido dinero proveniente de actividades ilícitas, negando cualquier participación en el entramado de corrupción que ha salpicado a diversas esferas del poder ejecutivo y legislativo.
Por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se apartó de las acusaciones y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el ente acusador para sustentar la imputación. Su defensa se centró en desestimar la responsabilidad penal en los hechos narrados, argumentando que no existe un soporte fáctico contundente que lo vincule con las maniobras ilegales investigadas. Con la no aceptación de los cargos, ambos procesados renuncian a la posibilidad de una sentencia anticipada y se preparan para enfrentar la etapa de juicio, donde la Fiscalía deberá probar más allá de toda duda razonable su culpabilidad.
Este proceso judicial se enmarca en la extensa investigación por el escándalo de la UNGRD, que busca esclarecer cómo se desviaron recursos públicos destinados a la atención de emergencias. La formalización de la acusación contra dos exaltos funcionarios del gabinete consolida la tesis de la Fiscalía sobre la presunta participación de niveles superiores del gobierno en las irregularidades administrativas. Tras la audiencia de imputación, se espera que el proceso avance hacia la etapa de acusación formal y posteriormente al juicio oral, mientras los organismos de control continúan recabando material probatorio sobre el caso.
