Seis exmiembros del último Secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el reclutamiento de 18 677 niñas, niños y adolescentes entre 1971 y 2016, como parte de la investigación del Caso 07, que indaga los crímenes de reclutamiento y utilización de menores en el marco del conflicto armado colombiano.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que este patrón de reclutamiento no fue aislado, sino parte de las políticas estratégicas definidas en conferencias guerrilleras, y que muchos menores no solo fueron forzados a integrarse a las filas guerrilleras, sino expuestos a riesgos extremos, incluidos homicidios y violencia sexual, especialmente entre las niñas y adolescentes.
En manifestaciones públicas de arrepentimiento, algunos de los comparecientes reconocieron «el daño en toda su dimensión» y pidieron perdón a las víctimas y sus familias por las afectaciones sufridas, describiendo las consecuencias del reclutamiento como pérdida de la infancia y anulación de oportunidades de vida.
Este reconocimiento se enmarca en la labor de la JEP para esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y promover la no repetición, en cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 y de su mandato de investigar y juzgar los delitos más graves del conflicto interno colombiano.
La decisión de la JEP y las declaraciones de los exjefes guerrilleros constituyen un paso importante en el proceso de justicia transicional, aunque organizaciones de víctimas y expertos han señalado que la verdad completa sobre estos crímenes aún está en desarrollo y que la participación continua de los responsables es clave para una reparación integral.
