Un exfuncionario de Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) solicitó formalmente acogerse a un mecanismo de cooperación judicial conocido como principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación, hecho que abre una nueva fase en la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos públicos durante la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín.
La solicitud del acuerdo fue radicada el pasado 3 de octubre ante el Juzgado 27 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín. En virtud del trámite, la acción penal contra el implicado quedó suspendida en forma provisional mientras se evalúan sus aportes de prueba, que según la Fiscalía incluyen chats, fotografías y videos que vinculan a personas del entorno de Quintero Calle y a su hermano Miguel Andrés Quintero Calle.
La investigación se centra en contratos interadministrativos firmados entre mayo de 2020 y octubre de 2022, por montos superiores a los 34.000 millones de pesos, aunque algunas fuentes estiman al menos 32.000 millones.
De ese total, unos 17.450 millones corresponderían a convenios entre el AMVA y Metroparques S.A. para el mantenimiento del Parque de las Aguas y la construcción de un hangar. Otros contratos bajo la lupa son los seis acuerdos entre el AMVA y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor de aproximadamente 17.656 millones, los cuales habrían sido adjudicados con sobrecostos, facturación ficticia y fines distintos a los convenidos.
Según la Fiscalía, el hermano del exalcalde, Miguel Andrés Quintero Calle, y el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Alonso Villada García, tendrían un papel relevante en el direccionamiento de los contratos. Villada estaría imputado por otros procesos vinculados con la entidad. En audiencias se mencionaron audios que muestran negociaciones de coimas por 3.200 millones de pesos, pagos en efectivo e incluso la entrega de un vehículo de lujo, como parte del esquema de corrupción.
La AMVA, por su parte, ha declarado que detectó irregularidades internas, como la firma de contratos con entidades sin ánimo de lucro que no entregaron informes ni soportes de ejecución. En uno de los hallazgos se detalló un convenio por 1.926 millones con la Fundación Tenarco, cuyo aporte en efectivo de 578 millones no habría sido probado.
El avance tendrá un impacto político y judicial. El principio de oportunidad solicitado implica que la persona colaboradora puede obtener una reducción de la pena si aporta información clave, lo que subraya la posibilidad de que la investigación se expanda hacia niveles superiores del poder local. Sin embargo, aún no se ha hecho público si el acuerdo ya fue aprobado por el juez, ni los términos exactos del mismo.
Para ciudadanos y organismos de control, este caso representa una prueba de la gravedad de la corrupción en entidades públicas del Valle de Aburrá. Los montos involucrados y la presunta participación de figuras cercanas al poder político local ponen en entredicho los procesos de supervisión, rendición de cuentas y transparencia.
Finalmente, y considerando que la investigación está en curso, corresponderá observar cómo actúan la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para ejercer control, garantizar la participación ciudadana y asegurar que los recursos públicos afectados puedan ser recuperados.
