El decreto presidencial que fijó el incremento del salario mínimo en un 23 % para el año 2026, ubicándolo en dos millones de pesos, trae consigo un efecto cascada inmediato sobre diversos servicios y obligaciones financieras de los colombianos. Aunque en años recientes se aprobó la ley de desindexación para desligar cobros estatales del aumento salarial y atarlos a la Unidad de Valor Tributario (UVT), existen rubros que inevitablemente se encarecerán en la misma proporción del ajuste salarial debido a su estructura de costos o normativa vigente.
Uno de los golpes más fuertes al bolsillo de los ciudadanos se sentirá en las cuotas de administración de conjuntos residenciales y edificios. Al tratarse de un sector donde el rubro más pesado del presupuesto corresponde a la vigilancia privada y el aseo, servicios prestados por personal que devenga el salario mínimo, las copropiedades deberán ajustar sus tarifas en un porcentaje cercano o igual al 23 %. Esto implica que millones de familias que viven en propiedad horizontal verán un incremento significativo en sus expensas mensuales a partir de enero o tras las asambleas generales de copropietarios.
En el sector salud, el aumento salarial impacta directamente el valor de las cuotas moderadoras y los copagos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Estos cobros, que regulan el acceso a consultas médicas, exámenes y medicamentos, se calculan con base en los ingresos del cotizante expresados en salarios mínimos. Al subir la base salarial y los rangos de cotización, las tarifas que pagan los usuarios del régimen contributivo para acceder a los servicios asistenciales experimentarán el ajuste proporcional decretado por el Gobierno.
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y los servicios relacionados con la movilidad también podrían sufrir variaciones. Si bien la Superintendencia Financiera define las tarifas, el componente de riesgos y los gastos médicos cubiertos por la póliza suelen tener como referencia valores atados al salario mínimo. Del mismo modo, aunque muchas multas de tránsito se han migrado a UVT, los servicios de grúas y patios en algunos municipios todavía mantienen indexaciones o justifican sus alzas en los costos operativos laborales.
Finalmente, los servicios notariales y ciertos trámites registrales también verán reflejado el aumento. A pesar de los esfuerzos legislativos por controlar la inflación mediante la desindexación, el incremento del 23 % decretado para 2026 presiona la estructura de costos de cualquier servicio intensivo en mano de obra no calificada, lo que terminará trasladándose al consumidor final en sectores como el servicio doméstico, el transporte escolar y las reparaciones locativas.
