Una grave denuncia presentada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia ha sacudido nuevamente la credibilidad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La congresista reveló la existencia de un presunto esquema de corrupción en el que contratistas de la entidad estarían cobrando comisiones del 10% a los propietarios de predios para garantizar que el Estado adquiera sus terrenos en el marco de la Reforma Agraria. La denuncia, sustentada con documentos autenticados, señala que lo que comenzó como un «secreto a voces» ahora tiene soporte probatorio que involucra contratos de mandato firmados explícitamente para asegurar estas coimas.
El modus operandi expuesto detalla que una abogada, contratada por la ANT en junio de 2024 para brindar apoyo jurídico a la Secretaría General por 74,9 millones de pesos, habría actuado paralelamente como comisionista privada. Según la evidencia, el 11 de noviembre de 2024, esta funcionaria suscribió tres contratos de mandato con un vendedor de tierras, autenticados en las notarías 5 y 25 de Bogotá, en los cuales se pactaba el pago del 10% del valor de la venta solo si la ANT concretaba la compra, transacción que finalmente ocurrió. La comisión de éxito pactada ascendería a 422 millones de pesos, una cifra desproporcionada que sugiere un posible desvío de recursos públicos hacia terceros o directivos de la entidad.
Ante la magnitud del escándalo, la Agencia Nacional de Tierras emitió un comunicado aclarando que la contratista señalada no tiene vínculo con la entidad desde el 31 de diciembre de 2024. Felipe Harman, director de la ANT, aseguró que la entidad denunciará los hechos ante las autoridades competentes, argumentando que no tolerarán intermediarios que estafen al campesinado o al Estado. Sin embargo, la senadora Valencia cuestiona si la contratista actuó sola o si fue utilizada como instrumento para recaudar dineros ilícitos, calificando el hecho como el inicio de «una de las mayores ollas podridas del Gobierno Petro».
Este caso no es un hecho aislado, sino que se suma a un historial de irregularidades financieras en la gestión de tierras durante los últimos años. Informes previos de la Procuraduría y la Contraloría ya habían advertido sobre riesgos fiscales por más de 136 mil millones de pesos y la compra de predios no aptos para la reforma rural, como el caso de la finca «Los Cachorros», donde se adquirieron terrenos con humedales y restricciones ambientales. La recurrencia de estas anomalías pone en entredicho la transparencia de uno de los programas bandera del actual gobierno y exige una respuesta contundente de la Fiscalía General de la Nación.
