La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha desclasificado lo que denomina la «prueba reina» en el juicio contra Nicolás Maduro, quien fue presentado recientemente ante la corte tras su captura. Según los documentos expuestos por las autoridades estadounidenses, la evidencia central que vincularía al exmandatario con delitos de narcoterrorismo es una alianza estratégica documentada con la extinta guerrilla de las FARC para inundar Estados Unidos de cocaína, utilizando el aparato estatal venezolano como plataforma logística y de protección.
El expediente, liderado por fiscales cercanos a la nueva administración estadounidense, detalla cinco puntos clave que conforman la acusación. Entre los hallazgos más contundentes se encuentra el suministro deliberado de armamento militar de alto calibre a las disidencias de las FARC, ordenado presuntamente desde la cúpula del llamado ‘Cartel de los Soles’. Esta organización, descrita no como un grupo tradicional sino como una estructura incrustada en el Estado, habría facilitado el libre tránsito de cargamentos de droga desde Colombia hacia pistas clandestinas en Venezuela, para su posterior envío a Norteamérica y Europa.
Otra pieza fundamental de la evidencia se remonta al periodo en que Maduro fungía como canciller (2006-2008). La Fiscalía asegura poseer registros que demuestran la venta de pasaportes diplomáticos venezolanos a capos del narcotráfico, permitiéndoles movilidad internacional y blanqueo de capitales bajo el amparo de misiones oficiales. Los informes señalan que aviones privados cargados con ganancias del narcotráfico regresaban a Venezuela bajo esta cobertura diplomática, evitando así cualquier escrutinio de las autoridades aduaneras o militares de la región.
Adicionalmente, la acusación ha sacado a la luz vínculos directos con carteles mexicanos. Según el ‘indictment’, existen pruebas de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán financió laboratorios de procesamiento de cocaína en territorio colombiano alrededor de 2011. La droga producida en estas instalaciones habría sido transportada a Venezuela bajo la protección armada de las FARC y resguardada en rutas controladas por aliados políticos de Maduro hasta su exportación final.
El caso también se sustenta en testimonios de antiguos colaboradores y en la intercepción de comunicaciones que detallan cómo la estructura criminal utilizó la cocaína como un «arma» geopolítica contra Estados Unidos. Las autoridades judiciales recalcan que los cargos, que incluyen conspiración para el narcoterrorismo y posesión de ametralladoras, conllevan penas que podrían resultar en condenas perpetuas, dada la gravedad de la evidencia acumulada durante más de una década de investigaciones por parte de la DEA y otras agencias federales.
Este proceso judicial marca un hito en la justicia internacional, al procesar a un exjefe de Estado bajo cargos de convertir las instituciones públicas en una maquinaria al servicio del crimen organizado transnacional. Mientras la defensa se prepara para refutar los señalamientos, la presentación de estas pruebas documentales y testimoniales consolida la postura de la Fiscalía de Nueva York en uno de los juicios más mediáticos y complejos de la historia reciente del hemisferio.
