El miércoles 21 de octubre de 2025, el United States Senate (Senado de los Estados Unidos) sostuvo una audiencia titulada «Global Gangsters: Hezbollah’s Latin American Drug Trafficking Operations», en la que se examinaron presuntos vínculos criminales de la agrupación chií libanesa Hezbollah con redes de narcotráfico y lavado de dinero que operan en América Latina, con énfasis en Colombia y Venezuela.
Durante su intervención, el senador republicano John Cornyn, presidente del Subcomité del Comité Judicial, señaló que Hezbollah “ha estado activa en el país vecino Venezuela y también en Colombia” y que ha establecido redes de financiamiento ilícito en la región.
El testimonio formal del experto Matthew Levitt describe cómo Hezbollah enfrenta una escasez de liquidez tras los recientes enfrentamientos con Israel, lo que lo empujaría a depender aún más de actividades ilegales como el narcotráfico y el lavado de dinero en zonas de libre comercio de América Latina.
Uno de los nombres mencionados fue el de Ayman Saied Joumaa, ciudadano colombo-libanés incluido por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en su lista de “Terroristas Globales Especialmente Designados”, acusado de facilitar operaciones de lavado de dinero para Hezbollah y de colaborar con cárteles latinoamericanos.
Hasta el momento de la audiencia, las autoridades de Colombia no han emitido declaraciones oficiales sobre el contenido de los señalamientos presentados en el Capitolio.
El informe del think tank RAND Corporation señala que entre 70 % y 80 % de los recursos ilícitos de Hezbollah derivan de actividades criminales en América Latina, incluyendo tráfico de drogas y contrabando. Entre los casos históricos reseñados aparece el de Chekri Mahmoud Harb, de nacionalidad colombiana-libanesa, quien en 2008 fue arrestado en relación con una red de cocaína que pagaba un “impuesto” del 12 % a Hezbollah.
El centro de la preocupación estadounidense radica en que la convergencia entre terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes representa “la mayor amenaza a la seguridad nacional” según documentos del Congreso.
Para Colombia, la implicación de este tipo de redes significa un desafío adicional en el combate al narcotráfico y al lavado de activos, pues se suma a los esquemas tradicionales con grupos armados y organizaciones delincuenciales. Para Venezuela, el señalamiento de que redes criminales respaldan financieramente a Hezbollah pone al régimen de Nicolás Maduro bajo lupa por supuestas facilidades operativas a actores ilícitos en su territorio.
La legislación que aborda este fenómeno también avanza: en marzo de 2025 fue presentado el proyecto de ley S. 842 – No Hezbollah in Our Hemisphere Act en el Senado de EE.UU., diseñado para contrarrestar los esfuerzos de Hezbollah en América Latina.
La audiencia del 21 de octubre permitió que expertos en seguridad y contrainsurgencia expusieran los modos de operación de estas redes en la región: zonas francas para lavado, rutas de contrabando, cooperación con cárteles latinoamericanos y uso de estructuras legales fachada.
