El gobierno de los Estados Unidos anunció que el pasado 17 de octubre las fuerzas armadas llevaron a cabo una operación militar que concluyó con la destrucción de una embarcación vinculada al grupo guerrillero colombiano ELN, calificado por Washington como organización terrorista. El ataque, ejecutado por orden directa del presidente Donald Trump, dejó tres presuntos “narco-terroristas” muertos y se produjo en aguas internacionales bajo jurisdicción operativa del Comando Sur.
De acuerdo con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, la operación fue resultado de una misión de inteligencia que venía siguiendo la trayectoria del buque, identificado por agencias estadounidenses como parte de una red de contrabando de narcóticos con destino a Centroamérica y Estados Unidos. Según el funcionario, “el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de drogas ilegales”.
El ataque fue calificado como un “golpe quirúrgico” dentro de una ofensiva más amplia de interdicciones marítimas impulsada por Washington para cortar las rutas utilizadas por organizaciones criminales en el Caribe y el Atlántico occidental. Hegseth aseguró que ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante la acción y reiteró que “estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental; usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente. El Ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y eliminados, igual que Al Qaeda”.
Fuentes militares confirmaron que la embarcación fue destruida tras el impacto de un misil aire-mar lanzado desde una aeronave de apoyo naval. Los tripulantes fueron abatidos durante la operación y sus cuerpos aún no han sido identificados. Autoridades de inteligencia en Colombia indicaron que se adelanta un proceso de verificación para determinar si entre los fallecidos habría ciudadanos colombianos o posibles integrantes del Ejército de Liberación Nacional, lo que podría escalar la tensión diplomática entre Bogotá y Washington.
El ataque se enmarca en la reciente estrategia de la administración Trump de ampliar el alcance militar de Estados Unidos en la región bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo. Desde septiembre se han reportado varias operaciones similares contra embarcaciones sospechosas en el Caribe, que según el Pentágono forman parte de “una red trasnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero con vínculos terroristas”.
La confirmación del ataque marca un giro en la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos, que por primera vez en años adopta una postura de ofensiva directa fuera de su territorio contra un grupo insurgente colombiano. La decisión, según analistas, podría modificar el tratamiento diplomático del conflicto colombiano y abrir un debate sobre la legalidad de las acciones militares en aguas internacionales.
La Casa Blanca no ofreció más detalles sobre la operación, pero funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que el país mantendrá su política de “tolerancia cero” frente a lo que consideran “alianzas criminales que amenazan la estabilidad regional”. Por su parte, el gobierno colombiano no ha emitido aún una respuesta oficial sobre el incidente ni ha confirmado si la embarcación atacada tenía algún tipo de vínculo operativo o logístico con el ELN.
La operación del 17 de octubre refuerza la narrativa de Washington sobre una “guerra global contra el narcoterrorismo” y posiciona al ELN dentro de ese marco. Mientras la investigación continúa, el episodio añade un nuevo capítulo a la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, que podría entrar en una etapa de mayor tensión política y militar en medio del ya convulso panorama regiona
